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Gema Igual, vicepresidenta de la RECI, ha intervenido en la mesa de alcaldes sobre ‘Ciudades climáticamente neutras’ junto a los regidores de Palma, Las Rozas y Orihuela
“La tecnología es fundamental para la sostenibilidad climática y para acertar en la gestión de la ciudad”. Así se ha pronunciado la regidora de Santander Gema Igual, durante su participación en la mesa de alcaldes ‘Ciudades Climáticamente Neutras, una visión compartida’ que se ha desarrollado ayer en el Auditorium Iles Baleares de Palma de Mallorca durante los actos de conmemoración del décimo aniversario de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
Acompañada de los alcaldes de Palma, José Hila; de Las Rozas, José de la Uz Pardos y de Orihuela, Carolina Gracia Gómez, la dirigente santanderina y vicepresidenta de la RECI ha expuesto en primer lugar los logros de Santander para avanzar hacia la neutralidad climática.
En este sentido, ha aludido al Plan de Sostenibilidad Turística “que establece la sostenibilidad y excelencia como ejes clave”; a la articulación peatonal “con 15 itinerarios mecánicos en funcionamiento, a los que se van incorporar otros dos más”; a la eficiencia energética “con la renovación de las más de 22.700 luminarias en la ciudad y actuaciones en 50 instalaciones municipales”; a la mejora medioambiental; y a la movilidad sostenible “que ha avanzado notablemente esta legislatura”.
Además, ha hecho hincapié en los proyectos que están en marcha y que han sido beneficiarios de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el plan ‘Santander, capital natural’, dotado con 3,3 millones de euros; el proyecto ‘Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander’, subvencionado con 7,6 millones de euros.
De otro lado, la alcaldesa se ha referido a la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones “que tiene que entenderse como una herramienta más para incidir en la mejora de la calidad del aire, pero siendo también conscientes de la importancia de cuantificar dichas mejoras a costa de establecer restricciones que pueden afectar a actividades cotidianas importantes y en las que se ven implicados muchos actores”.
Al respecto, ha mostrado su respaldo a la petición al Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de ampliar un año, hasta 2024, la obligación de implantar estas zonas, dado que aún no se ha aprobado el Real Decreto que fijará los requisitos mínimos que deberán cumplir.
“Hay que tener en cuenta que a medida que se va profundizando en su desarrollo, los ayuntamientos nos estamos encontrando con muchas incertidumbres que, hasta el momento, no se están aclarando por el Gobierno Central”, ha señalado.
Por un lado, ha explicado, porque el retraso en la tramitación de los fondos europeos, que precisamente están destinados, como su título bien indica, a la implantación de las zonas de bajas emisiones, se han desfasado enormemente con respecto a la entrada en vigor de las mismas prevista para 2023.
Por otro, porque el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica, aún está en discusión y sin aprobar.
“Es decir, tanto el marco jurídico, como el técnico, y también el económico, no están lo suficientemente definidos, y muchos menos consolidados, como para trasladar una obligación a los Ayuntamientos en lo referente a la implantación de las ZBE para el 1 de enero de 2023”, ha evidenciado.
No obstante, ha precisado que el Consistorio santanderino sigue trabajando con una hoja de ruta bien definida, tratando de recabar la mayor información posible que permita planificar y valorar las futuras decisiones, “siendo plenamente conscientes de que no se pueden tomar precipitadamente, que es necesario implicar y escuchar previamente a los diferentes agentes que pudieran verse afectados, y que no es el momento de cometer errores fruto de la improvisación”.
De momento, Santander ya se ha dotado de una asistencia técnica para conocer el desarrollo de esta herramienta novedosa desde el punto de vista técnico y jurídico, “porque es necesario definir el ámbito y realizar un estudio serio y riguroso sobre qué beneficios aporta, y que las restricciones que se lleven a cabo sean medibles y cuantificables”.
Gema Igual ha detallado que en la capital cántabra solo hay dos estaciones de medición de aire y por eso se llevará a cabo un proyecto para la implantación de sensores que lo midan y conseguir datos para cuantificarlo.
Además, en la segunda convocatoria de los fondos europeos de movilidad el Ayuntamiento ha presentado un proyecto para instalar una plataforma que recabe esos datos, e interpretarlos para saber qué medidas hay que adoptar.
“Hay que trabajar con datos para tener las máximas certezas posibles y ello es posible gracias a la tecnología, pero se necesita tiempo para recabar toda la información y aplicar medidas que sean eficaces y cumplan con los objetivos previstos”, ha concluido.
