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La alcaldesa explica que, si se aprueban estas medidas, el Ayuntamiento dejará de ingresar 7 millones de euros, que, sumados a las bonificaciones y exenciones que estaban ya en vigor, supondrá que los santanderinos ahorren alrededor de 27 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
El Ayuntamiento de Santander prevé congelar las tasas, precios públicos e impuestos municipales por octavo año consecutivo, excepto las del agua y alcantarillado, a las que se debe aplicar el IPC por obligación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio.
Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que, si se aprueban estas medidas, el Ayuntamiento dejará de ingresar 7 millones de euros que, sumados a las bonificaciones y exenciones que estaban ya en vigor, supondrá que los santanderinos ahorren alrededor de 27 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
“Nos volvemos a poner en la piel de los ciudadanos, en un contexto muy complicado a nivel económico y por ello no vamos a aplicar la subida del 10,8% del IPC, lo que es tanto como establecer una rebaja por ese valor a las tasas, impuestos y precios públicos”, ha remarcado.
Asimismo, ha recalcado que el Ayuntamiento favorecerá a más familias aumentando los tramos económicos y creando nuevas bonificaciones en las tasas de agua, basuras y alcantarillado.
La regidora ha hecho hincapié en el “enorme esfuerzo” realizado por el Ayuntamiento para no repercutir las históricas subidas de los precios experimentadas este año “y dar alivio a las economías familiares”, a pesar de que ello suponga una merma importante en los ingresos municipales “ya afectados desde 2021 por la pérdida de 4,3 millones en el impuesto de la plusvalía”.
De esta forma, el tipo impositivo aplicable en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se mantendrá en el 0,40 “el mínimo permitido por la Ley y el más bajo de las capitales de provincia”, lo que, en números, representa 4,7 millones de euros que deja de ingresar el Ayuntamiento al no aplicar el IPC.
También se congela la plusvalía y se mantiene la supresión de la licencia de apertura para los locales de menos de 400 metros “con el objetivo de favorecer la actividad económica, potenciar a los emprendedores y al pequeño comercio y crear empleo”, ha precisado Igual.
En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación del contrato, sí debe aplicarse el IPC, la alcaldesa ha precisado que este incremento representará alrededor de 1 euro por familia al mes y ha apuntado que, con el fin de equilibrar este aumento, se amplían los tramos económicos en los descuentos para que se puedan beneficiar muchas más familias.
En cuanto a la tasa de basuras, se mantiene la bonificación del 10% a las no domésticas y se incrementan los descuentos, aumentando a su vez los tramos económicos, que también se aplicarán a la tasa del agua. De esta forma, las rentas inferiores a 1,5 IPREM tendrán un descuento del 95% (antes era un 80% y hasta ingresos equivalentes al IPREM) y además se añade un nuevo tramo entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, con un descuento del 50%.
“Con esta medida se articulan unas rebajas mucho más elevadas y se amplía el número de ciudadanos que van a poder beneficiarse ellas”, ha resumido.
Además, también se incrementa la bonificación a los desempleados y a las familias numerosas y monoparentales con rentas inferiores a 3 veces el IPREM subiendo desde el 75% en el agua y 80% en basuras a un descuento del 95% en las dos. Y continúan con la misma bonificación del 50% el resto.
Según ha matizado la alcaldesa, a partir de un cálculo estimativo sobre los años anteriores, se puede estimar aproximadamente que en el caso de agua y alcantarillado, la empresa concesionaria podría dejar de recaudar, por estos descuentos, un total de 370.000 euros “que se quedarán en los bolsillos de las familias y los santanderinos con menos recursos”.
Y en el caso de la basura, estas nuevas medidas permitirán a las empresas y ciudadanos ahorrar 520.000 euros “demostrando, una vez más, que el Ayuntamiento continúa respaldando a las familias, autónomos y empresarios de Santander”, ha incidido Igual.
En cuanto a los precios públicos también se congelarán, tal como ha ocurrido en años anteriores, lo que supone, que, por ejemplo, en el caso del autobús municipal, se mantengan las mismas tarifas desde el año 2011. Lo mismo sucede en los cursos de los centros cívicos, el Instituto Municipal de Deportes, la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento, el Conservatorio, etc. Todo ello representa un ahorro para los santanderinos estimado en algo más de un millón de euros para 2023.
La última novedad que contempla la propuesta de ordenanzas fiscales para 2023 es que decaen las medidas covid que se pusieron en marcha en el año 2020 a consecuencia de la pandemia y que han permanecido vigentes tanto en 2021 como en 2022, como la exención de pago de las tasas por terrazas, quioscos y mercadillos, las bonificaciones a empresas por el IBI y el IAE o la rebaja en la tasa urbanística, que suman 1,3 millones de euros.
Al respecto, la alcaldesa ha recordado que durante la pandemia el Ayuntamiento ha ayudado a las empresas con más de 21,3 millones de euros, entre la bajada de impuestos que ha sumado 7,3 millones de euros y más de 14 millones de ayudas directas, además de la dinamización del comercio, hostelería y turismo con bonos de descuento que han inyectado unos 7 millones de euros en los establecimientos adheridos a las campañas.
Tramitación
La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy, en reunión extraordinaria, las modificaciones de las ordenanzas de agua, basuras y alcantarillado, que son las únicas que cambian puesto que sobre el resto, al permanecer congeladas, no es necesario adoptar ningún acuerdo expreso al respecto.
Estas medidas, que se han trasladado, durante esta semana, por parte del equipo de gobierno al resto de grupos políticos municipales con el fin de recabar su apoyo a las mismas y también en la Junta de Portavoces celebrada esta misma mañana, se llevarán a la Comisión de Economía, que tendrá lugar el lunes, día 24, para su aprobación antes del Pleno, donde se someterán, a su vez, a su aprobación inicial.
Tras una exposición pública de 30 días, si no hubiera alegaciones, las ordenanzas quedarían aprobadas definitivamente de manera automática. En caso de presentarse alegaciones, deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al pleno para su aprobación definitiva.
