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Ana Belén Álvarez destaca que incluyen medidas que benefician a la clase media y trabajadora, protegen a los colectivos vulnerables y ayudan al tejido productivo, y defiende que representan “a la mayoría social de Cantabria”.
Los Presupuestos Generales de Cantabria para 2023 han superado hoy, por amplia mayoría, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición y continúan así su tramitación parlamentaria con el fin de ser aprobados definitivamente en el mes de diciembre, al igual que el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, el cual incorpora una propuesta fiscal “progresiva, rigurosa y sostenible” que “multiplica por dos” la cuantía de las deducciones fiscales en el IRPF –de 16 a 33,5 millones-.
La consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, ha sido la encargada de defender en el Parlamento los presupuestos elaborados por el Gobierno, que ascenderán el próximo ejercicio a 3.504 millones de euros -un 4,9% más-, de los que 2.435 millones estarán destinados a financiar las políticas y servicios públicos que vertebran el Estado de Bienestar. Así, el área social registra un crecimiento superior a la media, del 6,7%, e incrementa su peso sobre el conjunto de las cuentas públicas.
“Oponerse al Presupuesto para 2023 es ir en contra de la mayoría social de Cantabria; es oponerse a incrementar los recursos para sanidad, educación, dependencia, políticas sociales, industria, desarrollo rural… Es oponerse al sentir de la mayoría social de esta región, de todos aquellos cántabros y cántabras que creen que reforzar la educación pública es el mejor camino para garantizar la igualdad de oportunidades; quienes creen que la sanidad pública puede y debe contar con la tecnología y las terapias más avanzadas e innovadoras; y quienes creen que las políticas de protección social no son un gasto, sino una inversión que contribuye a construir una sociedad más cohesionada y más fuerte”, ha defendido.
Para ver la importancia que este Gobierno concede al Estado de Bienestar, cabe destacar que las áreas de sanidad, educación y políticas sociales se incrementan en 114 millones de euros. Ese compromiso, ha proseguido explicando, se traduce en que Cantabria es una de las comunidades autónomas con menor ratio alumno/profesor, en la ampliación de las plazas de Formación Profesional, en el refuerzo para alumnos con dificultades, en la ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en la puesta en marcha de un programa de salud mental, en la renovación y modernización tecnológica sanitaria o en que somos la comunidad con la mayor red de plazas residenciales de atención 24 horas en dependencia o la única que ha incrementado los precios públicos para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
La consejera también ha resaltado que el documento económico prevé “la mayor inversión productiva de la historia”, más de 500 millones de euros para dinamizar la economía, consolidar la recuperación y apoyar al tejido empresarial cántabro en sus proyectos de crecimiento y mejora de la competitividad, lo que redundará también en el sostenimiento y generación de empleo.
Avalado por la Airef
Tras afirmar que la oposición ya tenía decidido registrar una enmienda a la totalidad “mucho antes de haberse dibujado un número en este Presupuesto” y que las mismas “parten de premisas falsas para llegar a conclusiones falsas”, Ana Belén Álvarez ha sostenido que “hay pocas razones objetivas” para tratar de tumbar un presupuesto “riguroso y equilibrado” en todos sus términos: crece la inversión social, crece la inversión productiva y disminuye la deuda y el déficit.
Así, incluye medidas que benefician a la clase media y trabajadora, protegen a los colectivos vulnerables y ayudan al tejido productivo, al tiempo que mantienen el compromiso de consolidación fiscal reduciendo el déficit y la deuda pública, que seguirán con su senda descendente. “Por eso decimos que es un presupuesto que mira al presente sin olvidar tampoco el futuro, porque no queremos hipotecar a generaciones futuras”, ha apostillado.
La titular de Economía ha apuntado que la previsión de ingresos ha sido avalada tanto por la Airef como por el Consejo Económico y Social y ha resaltado la importancia de que salgan adelante los Presupuestos de España, que prevén transferir a Cantabria 55 millones de euros para saldar la deuda de Valdecilla e impulsar el centro logístico de La Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC).
Durante su intervención, la consejera también ha repasado la situación económica de la Comunidad y ha reconocido que al Gobierno le ha tocado gestionar una coyuntura “muy complicada”, derivada de la pandemia y la guerra. Pese a ello, ha apuntado que “hoy hay más gente en Cantabria trabajando que en 2019 y menos personas en desempleo. Se han creado más de 6.600 nuevos puestos de trabajo desde el inicio de la legislatura, situándose la afiliación a la Seguridad Social por encima de las 225.000 personas.
La ‘Ley de acompañamiento’
La sesión parlamentaria se ha completado con el debate sobre el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2023, un proyecto que recoge una veintena de cambios normativos con el objeto de simplificar y agilizar algunos trámites administrativos, y que incorpora una reforma fiscal “realmente progresiva, rigurosa y sostenible”, a diferencia de lo que va a defender en esta tribuna los grupos de la derecha con una propuesta que “beneficia más a quien más tiene”.
Álvarez ha explicado que se introduce una nueva deducción fiscal acotada exclusivamente a quienes tributan por debajo de los 30.000 euros en declaración individual y de 40.000 euros en declaración conjunta y, además, se incrementa en un 50% las deducciones autonómicas por acogimiento familiar de menores, por gasto de guarderías, por cuidado de familiares, por nacimiento y adopción de hijos y por familias monoparentales.
“Esto supondría multiplicar por dos los beneficios fiscales en el IRPF. Cuando hagan la próxima declaración de la renta, los cántabros y cántabras pasarán de ahorrarse 16 millones en deducciones fiscales a 33 millones, aproximadamente. Es decir, repartimos más de 17 millones entre la clase media y trabajadora y las rentas más bajas”, ha subrayado Ana Belén Álvarez, que también ha recordado que se prorroga la bonificación de 49 tasas y tarifas de la que se beneficia el sector empresarial.
Asimismo, la consejera ha resaltado que esta propuesta fiscal “una medida más” dentro del amplísimo paquete que el Gobierno de Cantabria está adoptando para reforzar el escudo social del Gobierno de España, que incluye rebajas del IVA, el transporte gratuito, la ampliación del bono social, la subida del Salario Mínimo y de las pensiones, la bonificación del combustible o el tope al precio del gas, entre muchas otras.
“¿Habría optado un Gobierno conservador del PP por un escudo social como el adoptado por el Gobierno progresista de España, que ha sido fuertemente fortalecido y enriquecido por el Gobierno progresista de Cantabria?”, se ha preguntado la consejera, quien ha defendido unos presupuestos progresistas que “parten del principio de justifica e igualdad social”. “El mayor enemigo de la economía es la desigualdad”, ha apostillado.
Ahora, tras el rechazo del pleno a las enmiendas a la totalidad, se abre el plazo para el registro de las parciales que tendrán que ser debatidas y aprobadas o, en su caso, rechazadas en las próximas semanas antes de la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2023, y su ‘Ley de Acompañamiento’, en las próximas semanas.
