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Fernández Viaña manifiesta su compromiso para hacer frente al retraso de asuntos y trámites en la justicia.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha mantenido un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia(TSJC), José Luis López del Moral, en el que han abordado las consecuencias de la huelga que mantienen los letrados de la Administración de Justicia.
Antes de la reunión de la Comisión Mixta entre ambas instituciones, celebrada en el Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, ambos han expresado su preocupación por los efectos de esta huelga que se viene desarrollando desde el pasado 24 de enero y han apelado al diálogo entre los letrados y el Ministerio de Justicia para que el conflicto finalice lo antes posible.
Fernández Viaña ha señalado que el Gobierno cántabro “está pensando en el día después” y ha mostrado su compromiso para planificar y poner los medios necesarios, en colaboración con el resto de colectivos judiciales, y hacer frente, así, a la sobrecarga de trabajo y al retraso en los asuntos acumulados por esta huelga, como ocurrió anteriormente en tiempo de pandemia.
“Estamos muy preocupados por el retraso de asuntos, porque –la justicia- es un servicio público y está repercutiendo en los ciudadanos”, ha opinado la consejera de Justicia cántabra.
Posteriormente, Fernández Viaña y López del Moral han presidido la reunión de la Comisión Mixta en la que se ha repasado la situación y proyectos de la Administración de Justicia, entre ellos, la implementación de los fondos europeos Next Generation en la justicia cántabra, la creación de nuevas unidades judiciales y la extensión de la mediación intrajudicial en Cantabria.
Respecto a este último asunto, la consejera de Justicia ha informado del objetivo del Gobierno cántabro de extender el sistema de mediación intrajudicial a los juzgados de Torrelavega, ya implantado en varios órganos judiciales de Santander.
Según datos del último año, el pasado año se consiguió que el 30 por ciento de los asuntos que se sometieron al proceso acabaran en un acuerdo entre las partes, una estadística que ahora quiere ampliar la Consejería de Justicia en el segundo partido judicial de Cantabria más importante por número de habitantes.
Otro de los asuntos abordados se refiere a las mejoras tecnológicas en la Administración judicial y el funcionamiento del sistema de gestión procesal Vereda. El Gobierno de Cantabria contará hasta 2023 con un total de 7 millones provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU que irán destinados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia, cuya ejecución y desarrollo de los diferentes programas se prolongará hasta noviembre de 2025.
En esta inversión se incluyen los 3 millones de inversión, de un montante total de 10 millones, que se repartirán entre otras tres autonomías que comparten el sistema de gestión procesal Avantius –denominado Vereda en Cantabria- (País Vasco, Aragón y Navarra), para garantizar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas utilizados en los juzgados.Por último, la Comisión Mixta entre el Gobierno Cantabria y Poder Judicial ha analizado las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Esta norma va a implicar, según han explicado, reforzar los medios de las Oficinas de Asistencia a la Víctima para el acompañamiento a las víctimas que lo soliciten a lo largo del proceso judicial, así como la elaboración de protocolos de detección, atención e intervención o derivación de las violencias sexuales que aseguren una actuación global, coordinada e integral de las distintas administraciones públicas.
Antes de la reunión de la Comisión Mixta entre ambas instituciones, celebrada en el Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, ambos han expresado su preocupación por los efectos de esta huelga que se viene desarrollando desde el pasado 24 de enero y han apelado al diálogo entre los letrados y el Ministerio de Justicia para que el conflicto finalice lo antes posible.
Fernández Viaña ha señalado que el Gobierno cántabro “está pensando en el día después” y ha mostrado su compromiso para planificar y poner los medios necesarios, en colaboración con el resto de colectivos judiciales, y hacer frente, así, a la sobrecarga de trabajo y al retraso en los asuntos acumulados por esta huelga, como ocurrió anteriormente en tiempo de pandemia.
“Estamos muy preocupados por el retraso de asuntos, porque –la justicia- es un servicio público y está repercutiendo en los ciudadanos”, ha opinado la consejera de Justicia cántabra.
Posteriormente, Fernández Viaña y López del Moral han presidido la reunión de la Comisión Mixta en la que se ha repasado la situación y proyectos de la Administración de Justicia, entre ellos, la implementación de los fondos europeos Next Generation en la justicia cántabra, la creación de nuevas unidades judiciales y la extensión de la mediación intrajudicial en Cantabria.
Respecto a este último asunto, la consejera de Justicia ha informado del objetivo del Gobierno cántabro de extender el sistema de mediación intrajudicial a los juzgados de Torrelavega, ya implantado en varios órganos judiciales de Santander.
Según datos del último año, el pasado año se consiguió que el 30 por ciento de los asuntos que se sometieron al proceso acabaran en un acuerdo entre las partes, una estadística que ahora quiere ampliar la Consejería de Justicia en el segundo partido judicial de Cantabria más importante por número de habitantes.
Otro de los asuntos abordados se refiere a las mejoras tecnológicas en la Administración judicial y el funcionamiento del sistema de gestión procesal Vereda. El Gobierno de Cantabria contará hasta 2023 con un total de 7 millones provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU que irán destinados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia, cuya ejecución y desarrollo de los diferentes programas se prolongará hasta noviembre de 2025.
En esta inversión se incluyen los 3 millones de inversión, de un montante total de 10 millones, que se repartirán entre otras tres autonomías que comparten el sistema de gestión procesal Avantius –denominado Vereda en Cantabria- (País Vasco, Aragón y Navarra), para garantizar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas utilizados en los juzgados.Por último, la Comisión Mixta entre el Gobierno Cantabria y Poder Judicial ha analizado las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Esta norma va a implicar, según han explicado, reforzar los medios de las Oficinas de Asistencia a la Víctima para el acompañamiento a las víctimas que lo soliciten a lo largo del proceso judicial, así como la elaboración de protocolos de detección, atención e intervención o derivación de las violencias sexuales que aseguren una actuación global, coordinada e integral de las distintas administraciones públicas.
