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Garantiza “transparencia máxima” y colaboración del Gobierno para esclarecer los hechos.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha garantizado “transparencia máxima” y colaboración con la Justicia para esclarecer las posibles irregularidades o acciones delictivas que está investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria relacionadas con posibles adjudicaciones de contratos en la Consejería de Obras Públicas y que “todo el peso de la ley” caiga sobre los culpables.
“Si alguien se ha aprovechado de su cargo de funcionario para hacer alguna operación delictiva para lucro personal –o hay uno o varios– que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, ha afirmado Revilla en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, al hilo de la operación que la UDEF y la Agencia Tributaria están llevando a cabo en la sede de la Consejería, donde se han precintado algunos despachos del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Carreteras para su registro.
Además, fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que estos registros se están produciendo en empresas y domicilios particulares y ya hay al menos ocho detenidos, aunque sin precisar sus identidades ni los hechos concretos que se les imputan.
Revilla, por su parte, ha explicado que esta mañana en el Gobierno se han visto “sorprendidos” cuando a las 7.30 horas ha llegado a la sede esta Consejería, que dirige el regionalista José Luis Gochicoa, “funcionarios de la Inspección Tributaria” acompañados por agentes de la Policía Local para proceder al registro de unos despachos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.
Ha explicado que, tal y como ha explicado el consejero del área, se sabe por ahora “muy poco” de lo que se está investigando ya que está bajo secreto de sumario. Revilla ha explicado que desde la Consejería se han puesto “a disposición” de los funcionarios y agentes allí personados.
El presidente cántabro ha confiado en que a lo largo de los próximos días “se aclare” de qué se trata y si hay quien “siendo funcionario público haya cometido algún tipo de delito” y ha deseado que, en el caso de que así sea, caiga sobre éstos “todo el peso de la ley”.
