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La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (APC) ha acordado personarse en las actuaciones judiciales abiertas con motivo de la investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional.
Además, la ACP pone de manifiesto su preocupación por “el fracaso de los sistemas de alertas para detectar este tipo de supuestos”, que vienen recogidos tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014.
Asimismo, los representantes de los constructores cántabros expresan su malestar por “el daño material y social” que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad.
“La realidad es que han acontecido hechos no deseados, de los que, sin duda, se deriva un inexorable detrimento patrimonial, que debe tener uno o varios responsables”, señala la asociación, que recuerda que “el nacimiento de la responsabilidad, incluso por el hecho ajeno, es una constante en nuestro ordenamiento jurídico”.
En relación la supuesta trama corrupta, que se destapó hace una semana, se imputan delitos al jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, M.A.D., que es funcionario de la Consejería de Obras Públicas; a alguno de sus familiares, y a los representantes de algunas empresas a las que se adjudicaban contratos en esta área.
El Gobierno de Cantabria también se ha personado como perjudicado en este caso, cuyo sumario ha recibido esta mañana, y el presidente Miguel Ángel Revilla ha anunciado que, tras analizarlo, comparecerá antes del fin de semana ante los medios de comunicación para “hacer un análisis y anunciar las medidas que como presidente puede aportar”.
