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Santander- 18.11.2019
El presupuesto de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior para 2020 será de 119.103.800 euros, lo que supone un aumento del 4,7 por ciento respecto al de 2019, destacando las partidas de 16,3 millones que se destinarán a la inversión en ayuntamientos y la apuesta por unos servicios públicos de calidad.
La consejera Paula Fernández Viaña ha presentado las cuentas de su departamento y ha destacado otros dos ejes que vertebran la actividad de la Consejería para 2020: Justicia, administración a la que se destinarán más de 34 millones, con una subida del 5,39 por ciento, alcanzando cotas históricas desde la asunción de las competencias, y protección civil y emergencias, que integra por primera vez al Servicio de Emergencias de Cantabria como organismo público autónomo y que prepara un plan inversor para el servicio de bomberos por valor de 800.000 euros.
A su juicio, se trata de un presupuesto “responsable”, que “blinda” los objetivos generales en materia de seguridad ciudadana, servicios públicos y apoyo a los ayuntamientos, y mantiene su empuje inversor.
En materia de atención ciudadana y el apoyo a los servicios públicos, el Gobierno regional incrementa la partida destinada al refuerzo del personal al servicio de la Administración de Justicia, con el fin de dar respuesta al crecimiento de la planta judicial en 2020 con la puesta en marcha del juzgado número 12 de Santander y el mantenimiento del juzgado especial de cláusulas suelo.
También se incrementará el personal de los equipos psicosociales que asisten a los juzgados de familia de Cantabria. Torrelavega contará con un equipo propio para agilizar la emisión de los informes.
El presupuesto contempla una previsión presupuestaria precisa para afrontar las exigencias del proceso de implantación de las Oficinas fiscal y judicial y se acometerán nuevas mejoras en el sistema de gestión procesal.
Para infraestructuras judiciales, el Gobierno prevé invertir 1,1 millones de euros, partida en la que se incluyen los 700.000 euros para abordar las obras de consolidación del convento de Santa Cruz de la calle Alta.
Cantabria destinará 2,5 millones al programa de justicia gratuita, partida que va destinada al pago del turno de oficio a los profesionales, principalmente, y se procederá a la oportuna revisión de los módulos retributivos.
En materia de mediación, se mantendrá el sistema piloto intrajudicial en los juzgados de Santander y se creará un registro de profesionales.
La consejera de Justicia ha señalado que se mejorará el sistema de gestión procesal al incorporar al expediente judicial la grabación de las salas de vistas al expediente judicial. Según ha destacado, Cantabria será una de las tres únicas autonomías españolas en cumplir con las exigencias impuestas por el Comité Técnico de la Administración de Justicia Electrónica.
Interior y emergencias
La Dirección General de Interior, que centraliza en esta legislatura las políticas de seguridad ciudadana y protección civil, contará con 6,3 millones de presupuesto, manteniendo la capacidad inversora conseguida en anteriores ejercicios para que los efectivos de emergencias desarrollen su actividad en las mejores condiciones de confortabilidad, modernidad y teniendo a su alcance los últimos avances tecnológicos.
De esta forma, se financiará una nueva red de comunicaciones digitales de emergencias, una infraestructura de comunicaciones más segura y coordinada, y con más recursos informativos para una mejor gestión de las incidencias (900.000 euros). Además, se prevén otros 100.000 euros para el mantenimiento de los repetidores de la nueva red.
Otra novedad en este ámbito será la convocatoria de una nueva orden de subvenciones para renovar la flota de vehículos de las agrupaciones de protección civil (120.000 euros). Otros 300.000 euros irán a la renovación del material de los voluntarios y de los técnicos de protección civil del Ejecutivo cántabro.
El presupuesto de la Consejería de Presidencia incluye el mantenimiento del servicio del helicóptero del Gobierno de Cantabria, el único, junto al servicio de Asturias, que integra los servicios sanitarios y de intervención y rescate (2.250.000 euros).
Igualmente, se mantienen las ayudas a salvamento y socorrismo a los municipios litorales (550.000 euros) y los convenios con los ayuntamientos con parques de bomberos (1.725.000 euros) y otras entidades colaboradoras para mejorar la eficiencia del sistema autonómico de protección civil.
Santander recibirá 725.000 euros; Torrelavega, 450.000; Castro Urdiales, 400.000, y Camargo 150.000, ayuntamientos con parques de bomberos propio, que darán cobertura a las emergencias que se produzcan en toda su comarca de influencia, y el Gobierno regional, por su parte, contribuirá económicamente a mejorar esas unidades.
En 2020, el Servicio de Emergencias de Cantabria, que integra el Centro de Atención de Emergencias 112 y los seis parques de bomberos autonómicos, cuenta con presupuesto propio al funcionar como organismo autónomo, integrado en la propia Administración autonómica. El presupuesto propiciará la integración efectiva del personal con la aprobación de la relación de puestos de trabajo.
El Ejecutivo ejecutará un plan inversor por importe de 800.000 euros con el que se renovará la flota de vehículos de emergencias y los medios materiales para los bomberos; se realizará el estudio necesario para la ampliación del parque de bomberos de Valdáliga (acabamos la legislatura con las obras de ampliación del parque de Reinosa y empezamos está presupuestando la mejora de nuestro parque de la zona occidental), se adquirirán equipos informáticos y nuevo mobiliario, así como terminales de la nueva red de comunicaciones.
Ayuntamientos, acción exterior y función pública
En el área de Administración Local, el presupuesto de 2019 prevé una cuantía del Fondo de Cooperación Municipal de 15,2 millones de euros, manteniendo el programa de apoyo y sostenimiento financiero de los ayuntamientos. Esta acción de gobierno “municipalista” se completa con las ayudas a las mancomunidades (300.000 euros); juntas vecinales y concejos (300.000 euros), plan de obras menores en ayuntamientos (260.000 euros) y sostenimiento de la Federación de Municipios de Cantabria (40.000).
Además, se incluyen las partidas necesarias para el mantenimiento de los servicios de administración electrónica municipales (200.000 euros).
En relación con la Acción Exterior del Gobierno regional, la Oficina de Cantabria en Bruselas será el principal referente regional ante las instituciones europeas. La Consejería de Presidencia destinará 332.000 euros a su mantenimiento para una presencia de empresas y entidades regionales más eficaz, activa y con tres líneas de trabajo principales: lucha contra el despoblamiento, la agenda verde o transición ecológica y la agenda digital europea.
Se consolidan las cuantías necesarias para apoyar el sostenimiento de las Casas de Cantabria, nuestras embajadas en el exterior con un montante cercano a los 180.000 euros.
La ejecución de una Oferta de Empleo Público histórica, con más de 900 plazas, centrará parte de los esfuerzos de la Dirección General de Función Pública, y el reto del papel cero en la Administración General, junto a la mejora de las comunicaciones conllevará inversiones que superan los 13 millones de euros en el ámbito de las tecnologías de la información.
El Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) contará con 1,5 millones para la ejecución de los planes de formación destinados a los empleados públicos.
Por último, se invertirán 13 millones de euros en la adaptación de la administración pública digital que propiciará el papel cero en 2020 y se desarrollará una campaña informativa para fomentar el uso del Teléfono de Información Administrativa 012.
En materia legislativa, la consejera ha apuntado que su departamento ultima el decreto que desarrolla la Ley de Transparencia y se impulsará una Ley de Participación Ciudadana.
Cambios legislativos en la ley de acompañamiento
Una de las reformas legales que incluye la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2020 es ampliar la distancia entre salones ¿que ya existía- a otros centros de juego (bingos, casinos o locales de apuestas). Esta misma separación de 500 metros se hará efectiva además respecto a centros educativos y centros de atención a la ludopatía.
El Gobierno también ha procedido a impulsar una modificación a través de la misma norma para delimitar de forma clara y precisa la aplicación de la tasa por los servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento dentro del ámbito de protección civil.
Fuente: www.cantabria.es
