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Santander- 14.05.2020
Cantabria ha reclamado al Ministerio de Justicia inversiones extraordinarias en apoyo económico a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos del plan de desescalada en la Administración judicial, que el Ejecutivo regional ha estimado en unos 500.000 euros hasta el momento.
Así lo ha pedido hoy la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis en la Administración de Justicia que ha mantenido con el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, y representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la abogacía y el resto de comunidades autónomas con competencias en la materia.
Tras la convalidación del Decreto-ley que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la progresiva vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales, la consejera de Justicia ha pedido un plan especial de inversiones extraordinarias en justicia y que este servicio público “responda con medios adecuados, calidad y eficacia al incremento de asuntos y a las demandas de la ciudadanía y las empresas” en la crisis del COVID-19.
Este plan de inversión, a juicio de la consejera, tiene que ser “suficiente y prolongado en el tiempo” para conseguir “dar la vuelta a la situación y evitar la precarización de la actividad judicial”.
Según ha detallado, hasta el momento el Gobierno de Cantabria ha estimado que tendrá que hacer frente a un gasto extraordinario cercano a los 500.000 euros durante esta etapa inicial, que ha consistido en la adquisición de medios de protección para los empleados públicos, otros de protección colectiva, la adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones laborales, reorganización de las sedes judiciales, así como la compra de medios tecnológicos y sistemas de comunicación.
A esto se añadirá, cuando se avance en el despliegue de Plan de desescalada, el duplicar los gastos de limpieza y seguridad para hacer frente en la fase sucesiva al doble turno entre los empleados públicos y facilitar unos entornos laborales con todas las garantías para la salud.
El Gobierno regional ha apuntado además que el mantenimiento de un sistema continuo de teletrabajo supondrá para Cantabria otros 400.000 euros de gasto adicional.
En opinión de la consejera, el plan para reactivar la justicia tiene que venir acompañado de un apoyo económico del Estado que financie “los gastos extraordinarios que hemos tenido que afrontar las autonomías”, con motivo de la crisis de la COVID-19 y los que se prevén en el futuro por este mismo motivo.
“Queremos contar con los fondos necesarios para atender a las necesidades de la justicia de Cantabria”, ha subrayado.
Por otro lado, la consejera ha pedido al ministro que valore la ampliación de las materias incluidas entre los servicios esenciales durante el estado de alarma, con el objetivo de que, aunque los plazos procesales se mantienen en suspenso, se puedan agilizar la tramitación de procedimientos por medios telemáticos.
El sistema de gestión procesal ‘Vereda’, ha señalado, reúne las condiciones técnicas para hacer posible asumir estos asuntos con todas las garantías jurídicas y de seguridad y “cumplir los objetivos marcados de no saturar la justicia cuando termine el estado de alarma”.
Actualmente, la comunidad autónoma ha iniciado el despliegue del plan de desescalada para el regreso progresivo a la nueva normalidad en los juzgados y tribunales de Cantabria, que implica, en esta primera fase, el incremento de los funcionarios en los centros de trabajo, que han pasado, desde el pasado martes, del 22 por ciento de la plantilla, que cubrían hasta ahora los servicios esenciales, al 38 por ciento actual.
Fuente: www.cantabria.es
