240 cántabros ya han solicitado acogerse a la nueva línea de ayudas al alquiler habilitada por Vivienda

Santander- 04.06.2020

240 familias afectadas por la crisis de la covid-19 ya han presentado la documentación para acogerse a la nueva línea de ayudas habilitada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que se concede por un periodo de seis meses y se abonará en un único pago con un máximo de 500 euros por mes.

La Dirección General de Vivienda es la encargada de tramitar las solicitudes, que se pueden presentar bien a través del Registro Electrónico Común ¿www.red.cantabria.es- o de forma presencial en la sede de la Dirección General solicitando cita previa.

Esta ayuda, que cuenta con una dotación presupuestaria de 1,9 millones de euros, puede ser solicitada por todas aquellas personas que hayan quedado en situación de desempleo, las que estén afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los autónomos que hayan visto reducidos significativamente sus ingresos.

Los fondos se pagarán directamente a los propietarios de los inmuebles, con el fin de ofrecer seguridad al arrendador y garantizar el destino del dinero.

Esta nueva línea de ayudas impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos ha sido uno de los asuntos abordados en la Conferencia sectorial de Vivienda que se ha celebrado a última hora de la  tarde de ayer mediante videoconferencia.

Según ha explicado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, Cantabria ha desarrollado tres programas para “garantizar que todas las personas puedan contar con un hogar a pesar de esta crisis sanitaria”. Junto a las nuevas ayudas al alquiler, se ha ampliado el programa de ayudas a desahucios para incluir a otros colectivos vulnerables, como son víctimas de violencia o personas sin hogar, y se han modificado las ayudas de fomento del parque público incorporando ayudas a la compra de vivienda.

Ana Belén Álvarez ha recalcado que para su Consejería “es una prioridad garantizar que las personas no sean privadas de sus necesidades básicas a causa de la Covid-19, y la vivienda es uno de los aspectos fundamentales”.

En la Conferencia Sectorial el ministro ha presentado también los proyectos en los que está trabajando en estos momentos su departamento, como es la redacción de la ‘Estrategia de Renovación a largo plazo del Parque Edificado’ y de la ‘Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que sigue el mandato europeo.

Según ha recordado el ministro, el objetivo es lograr un parque residencial y no residencial totalmente descarbonizado en el año 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo energético casi nulo.

Ambos documentos deben abordar cuestiones relativas al sector residencial, sector terciario, la financiación, la pobreza energética, con información de estas materias, e indicadores para su seguimiento y evaluación; así como aspectos macroecómicos del sector, la situación del parque edificado del sector público o aspectos relativos a la formación, capacitación y concienciación.

La nueva ERESEE 2020 debe incluir políticas y acciones destinadas a todos los edificios públicos, incluyendo los de todas las Administraciones Públicas.

Con relación a la pobreza energética, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado una estrategia que permita la evaluación de su seguimiento y cumplimiento, con una consulta pública de la ERESEE 2020, antes de su envío a la UE.

Ayudas al alquiler

Para solicitar las ayudas al alquiler el interesado debe acreditar que, en el mes anterior a la petición, los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no alcanzaron el triple del IPREM (1.613,52 euros), incrementado esta cuantía en función de los menores o dependientes a cargo. Asimismo, se contempla el supuesto de que la renta de alquiler más los gastos comunes de la vivienda superen el 35% de los ingresos netos del hogar.

Junto a la solicitud, que se puede descargar en la página web de la Dirección General de Vivienda -www.viviendadecantabria.es- o en el portal Institucional del Gobierno de Cantabria en su apartado “Atención a la Ciudadanía 012”, se debe adjuntar una copia del contrato de alquiler y acreditación de las tres últimas mensualidades abonadas antes de abril. Toda la documentación deberá presentarse antes del 30 de septiembre.

La ayuda podrá alcanzar el 100% de la renta mensual con un máximo de 500 euros al mes y se podrá conceder por un plazo máximo de seis meses pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020.

En ningún caso la cuantía de esta ayuda junto con el resto de programas de ayudas al alquiler podrá exceder del límite máximo del 100% del contrato de alquiler.

El importe de la ayuda se calculará tomando como referencia la renta de alquiler que conste en el contrato de arrendamiento, en relación con los ingresos declarados, de acuerdo con lo que se recoge en la siguiente tabla:

 

 

Ampliación de las ayudas por desahucios

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha ampliado también las ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual para incluir además a las víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y por cuenta de las mismas, las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a estas personas.

La cuantía de las ayudas podrá alcanzar hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble con un límite de 300 euros. En supuestos debidamente justificados podrá alcanzar hasta 500 euros al mes y hasta el 100% de la renta. También contempla esta ayuda la atención de hasta 100 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos. La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de la administración local correspondiente.