Cantabria rechaza de forma rotunda la propuesta de inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial

Santander – 04.02.2021

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han rechazado de manera rotunda la propuesta de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) y que ha sido aprobado hoy por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el voto del propio Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y la oposición de las cuatro comunidades autónomas que albergan la inmensa mayoría de los lobos que existen en España, además de Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco.

Además, Navarra y la Comunidad Valenciana han solicitado que la decisión se dejase para una ocasión posterior, a la búsqueda de los necesarios consensos, renunciando a participar en la votación, mientras Ceuta no ha podido participar por problemas de comunicación durante la videoconferencia.

En una primera votación, que se había saldado con empate a 7 votos, 3 abstenciones y dos comunidades que no quisieron participar, el Ministerio “pretendió” usar el voto de calidad del presidente de la Comisión para inclinar la balanza a favor de sus pretensiones, algo que los propios servicios jurídicos del Ministerio rechazaron, de igual forma que no consideraron adecuado, como pretendió en una primera instancia el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presente en la reunión, que la decisión final ante el empate la adoptase la ministra Teresa Ribera.

En una segunda y definitiva votación, ocho comunidades se mostraron en contra de la propuesta del Ministerio y ocho a favor, entre ellas algunas comunidades que nunca podrán tener al lobo en su territorio, ni enfrentarse a su gestión, por razones meramente geográficas.

Finalmente, el voto a favor de su propia iniciativa del representante del Ministerio en la Comisión ha llevado a la propuesta de inclusión del lobo en el LESPRE.

Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, en sus intervenciones a lo largo de la Comisión Sectorial, han puesto de manifiesto que por vez primera en la larga historia del funcionamiento de esta Comisión y del Comité Técnico y de los Grupos de Trabajo, “un Ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie”.

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León se han opuesto a la pretensión del Ministerio desde el primer momento en que se planteó el informe del Comité Científico, y lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos (Grupo de Trabajo y Comité de Flora y Fauna Silvestre), “basándose en informes técnicos y científicos que merecen el máximo respeto”.

Propuesta sin avales

Durante la reunión de la comisión sectorial, ni el Ministerio ni ninguna de las comunidades autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado al Ministerio y a las demás comunidades.

El único aval científico que en su día presentó el Ministerio fue el informe de un Comité Científico que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso de catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaba ninguna de las condiciones que determinan esa consideración, ya que está demostrado técnica y científicamente que las poblaciones de lobo en España han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma muy importante en los últimos 20 años.

Sorprendentemente, y sin ningún criterio que tenga que ver con la conservación o la gestión de la especie, ese mismo Comité sí recomienda que el lobo sea incluido en el Listado de Especial Protección por “su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas”, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando nuestras comunidades y que, de hecho, se recogen en nuestros planes de gestión.

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos muy similares a los expuestos por las cuatro comunidades, “por no corresponder con la situación real y la evolución de las poblaciones y por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva muy amenazada por el fuerte incremento del lobo”.

Desde los servicios jurídicos de las cuatro comunidades autónomas afectadas se analizarán las circunstancias que han rodeado esta sesión de la Comisión Estatal y el propio acuerdo adoptado, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico.

Se trata de una decisión que, de llevarse a término, puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, especialmente, de gestión cinegética de las comunidades autónomas cuando la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión.

Además, suponen un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento.

Malestar con la ministra

Los consejeros de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han expresado su profundo malestar con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado Hugo Morán que “ni siquiera han respondido a su solicitud de celebrar reuniones al más alto nivel para tratar ese asunto”.

Lamentan la falta de diálogo y consenso por parte de los representantes del Ministerio y a la vez denuncian la debilidad de esta decisión alcanzada por una mayoría “muy ajustada y nada representativa” en cuanto a presencia del lobo en las diferentes comunidades.

Los consejeros han recordado que “son precisamente sus comunidades las que hoy, como en las últimas décadas, han sido las auténticas garantes de la conservación del lobo y responsables de la gestión de un conflicto en el que los principales afectados, que son los ganaderos y nuestras zonas rurales, al parecer no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio, que también dice afrontar el reto demográfico, que sí parecen tener ciertos lobbys ecologistas y animalistas”.

“La postura que hoy ha defendido el MITERD va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por el Ministerio con el consenso de todas las comunidades en unos tiempos en los que la especie era muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones de las Comunidades Autónomas”, lamentan.

En el caso de Cantabria, el consejero Guillermo Blanco ha calificado la decisión de un ataque frontal contra el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestro sector ganadero, por lo que ha asegurado que su departamento va a hacer todo lo que está en sus manos para impugnar una decisión que “no vamos tolerar y que vamos a recurrir en todos los ámbitos judiciales porque carece de cualquier rigor técnico y está tomada sin ningún consenso”.

Ha recordado que, tal y como trasladó a la ministra, que “la única especie en peligro de extinción el ganadero”, por lo que ha abogado por proteger al lobo, “pero no a costa de echar a los ganaderos de sus casas”. “Si hacemos eso, vamos a dejar que los pueblos desaparezcan”, ha opinado Blanco, quien ha advertido que “el futuro del sector está en juego y, desde Cantabria, no vamos a permitir este atropello”

Los representantes de las cuatro comunidades autónomas solicitan al Ministerio que abandone “la política de imposición” de una iniciativa que daña gravemente a los intereses generales de los ciudadanos de nuestras comunidades “en unos momentos en los que lo que procede no es dañar a nuestro castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido”.