37389 visitas
Santander- 02.03.2021
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha instado a los grupos políticos de Cantabria a hacer “frente común” ante los distintos ámbitos de decisión españoles y exigir un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta criterios de reparto basados en el coste efectivo de la prestación de servicios esenciales y, por lo tanto, tenga en cuenta el problema del despoblamiento rural.
Ante el “duro reto” de fijar población “no cuentan los colores políticos; todos en Cantabria debemos ir de la mano” ante un problema “muy difícil de revertir”, ha defendido la consejera de Presidencia durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento del Parlamento regional, con el fin de informar del trabajo realizado por el Gobierno autonómico en este ámbito.
Fernández Viaña cree que el Gobierno autonómico ha realizado hasta el momento un trabajo “ambicioso” y, además de la puesta en macha de varias medidas en diferentes ámbitos de actuación, ha anunciado que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento aprobará ya la próxima semana la estrategia regional como marco clave para impulsar las iniciativas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural de Cantabria.
Ante la inminente aprobación de la estrategia por el Consejo Asesor y el comienzo de la tramitación en el seno del Gobierno, un proceso que incluirá un trámite de información pública, la consejera de Presidencia ha animado a los grupos parlamentarios a presentar sus propuestas y ha abogado por una “relación directa” de la comisión parlamentaria y su departamento, como órgano que lidera las políticas frente al despoblamiento en el Ejecutivo, para realizar un trabajo plenamente coordinado.
La consejera de Presidencia ha valorado hasta el momento la alta participación social con la que nacerá la estrategia regional frente al despoblamiento impulsada desde el Consejo Asesor, integrado por todas las consejerías, la Delegación del Gobierno, la Universidad y colectivos y entidades apegados al territorio, como la Federación de Municipios de Cantabria y los grupos de acción local.
Esta estrategia y las iniciativas puestas en marcha se han analizado también en el seno de una de las comisiones especializadas en el seno del Diálogo Social, relativa a la Cohesión del Territorio y Despoblamiento Rural, en la que están representados la patronal y los sindicatos.
Por otro lado, ha considerado importante mejorar la imagen colectiva de las formas de vida rurales, contrarrestando la hegemonía cultural y social que ensalza la vida urbana, como complemento a una adecuada prestación de los servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad y adaptada a las características de cada territorio.
Situación de Cantabria y medidas adoptadas
En su intervención, la consejera ha expuesto la situación de Cantabria, que ha calificado de preocupante, en algunas zonas, aunque no tan grave como en otras autonomías y provincias, donde han llegado a desaparecer pueblos.
Según ha expuesto, en Cantabria, de 102 municipios, 29 están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ratio que la Unión Europea califica como riesgo de despoblación y, de ellos, 19 se encuentran por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, en riesgo severo de despoblación.
Por eso, de forma paralela al trabajo del Consejo Asesor, todas las consejerías del Gobierno de Cantabria ya han aplicado medidas de discriminación positiva que favorezcan la generación de actividad económica y empleo en el medio rural.
Entre las más importantes, ha citado las ventajas fiscales introducidas desde 2020 para el establecimiento de las personas en las zonas rurales en riesgo de despoblamiento y, en el ámbito educativo, el incremento de maestros en los colegios de estas zonas, que ha supuesto hasta el momento el refuerzo en los centros escolares de siete municipios de Cantabria, y se ultima una orden para clasificar como zonas de especial dificultad los centros educativos rurales ubicados en zonas en riesgo de despoblamiento.
Ha destacado los pasos dados hasta el momento por la Consejería de Industria, competente en materia de transporte, en colaboración con la de Educación, a través del decreto que permite el uso del transporte escolar a viajeros de zonas rurales, aprobado en 2019, así como los avances del Plan Conecta Cantabria de la Consejería de Innovación para extender la banda ancha en todos los rincones del territorio regional.
También ha hablado de las acciones y ayudas en apoyo del sector primario, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, y otras propuestas fijadas en la nueva Ley del Suelo para facilitar la construcción de viviendas en los municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria.
Por último, ha resaltado las ayudas a los ayuntamientos de la Consejería de Obras Públicas, dentro del Plan de Inversiones Municipales en el periodo 2021-2023 con un total de inversión de 27 millones de euros; los 15,2 millones del Fondo de Cooperación Local de la Consejería de Presidencia, y la simplificación normativa y administrativa para erradicar frenos al desarrollo de proyectos.
“En Cantabria hemos entendido desde hace tiempo que luchar contra el despoblamiento de nuestros municipios más rurales es una cuestión absolutamente transversal, que compete a todas las áreas de Gobierno y que requiere abordarlo de un modo coordinado ya no sólo dentro del propio Gobierno sino desde una estrategia multinivel entre las administraciones. En Cantabria el despoblamiento es un compromiso de todo el Gobierno”, ha concluido la consejera.
Fuente: www.cantabria.es
