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“TODO EL MUNDO ES CULPABLE, MENOS YO´´
- El nombre de Julián Vélez es la única constante durante los 30 años que ha durado el proceso judicial sobre Santa Marina.
“Todo el mundo es culpable del quebranto económico que ha supuesto para las arcas públicas de nuestro municipio el intento urbanístico de Santa Marina, menos yo´´, eso es lo que viene a decir Julián Vélez en su última nota de prensa.
Sin embargo, los hechos demuestran que el mayor defensor, impulsor y beneficiario económico de este proyecto ha sido el ahora portavoz del Partido Popular de San Vicente de la Barquera, y su nombre es la única constante durante los 30 años que ha durado el proceso sobre la urbanización de Santa Marina.
Dicho proceso comienza en 1989 con la venta de las fincas pertenecientes a la Junta Vecinal de la Revilla sin subasta pública a la promotora Mayorazgo de Santa Marina S.A, cuando Julián Vélez era presidente de dicha Junta y concejal en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
En 1997 JV es nombrado Alcalde, y a la vez se le nombra gerente de la misma promotora con fecha retroactiva a 1989, valiéndose de su puesto en el Ayuntamiento para impulsar el desarrollo urbanístico del Mayorazgo de Santa Marina.
Dicho desarrollo urbanístico es denunciado y llevado al juzgado por diversas asociaciones, consiguiendo finalmente la primera sentencia desfavorable, en la cual dejaba sin efecto la normativa desarrollada.
El Ayuntamiento, con JV como Alcalde, junto con la promotora, donde JV era gerente, recurren la sentencia con el dinero público de los Barquereños.
Llegado este momento, por un principio de mínima prudencia, tendría que haber parado en sus intenciones de beneficio individual aunque sólo fuera momentáneamente, mientras se dilucidaba dicho recurso. A pesar de todo, JV decide seguir otorgando los permisos necesarios para la construcción de la urbanización.
Las sentencias y los recursos se dilataron en el tiempo hasta que finalmente en 2019 con la sentencia del TSJC se desestiman todos los recursos presentados por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, la cual además obliga al pago de 2.240.000 E para la demolición de la urbanización. Cantidad que repartida entre los vecinos del municipio, tocarían a una paga extraordinaria de 500E/persona.
Asumir la responsabilidad de las acciones realizadas en su labor de gobierno define a un buen político. Sin embargo, esta cualidad no se vislumbra en el Partido Popular ni en su portavoz JV, que prefiere lanzar las culpas al bando contrario.
