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Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), quien, a preguntas del PP, ha afirmado que lo ocurrido es un hecho “excepcional” y “absolutamente aislado” en la historia de la ACAT, creada en 2009, pero que es “intolerable y tendrá consecuencias” y del que ha culpado a la empresa contratada para la recogida de residuos (Bedunde).
Sánchez, que por su cargo como consejera también preside la ACAT, ha afirmado que la empresa cometió una “irregularidad” que “vulnera la intimidad de los contribuyentes” ya que, en vez de transportar los desechos hasta “un lugar apropiado para su destrucción, los depositó en una localización insegura” (junto a un contenedor de basura de la calle Ataulfo Argenta de Santander).
La consejera ha señalado que el mismo día que sucedieron estos hechos se puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido así como el proceso para depurar responsabilidades, si bien habrá que esperar, según ha dicho, a las conclusiones del estudio encargado a los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria.
Se estudiarán también fórmulas para “endurecer” los pliegos de claúsulas administrativas y prescripciones para contratos de servicios y suministros y se va a editar un “manual de buenas prácticas” para el personal de la ACAT.
La consejera se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de tomar “medidas contundentes” y “depurar responsabilidades”, si bien ha añadido que no hay que olvidar -algo que a su juicio el PP hace- es que “en democracia se deben seguir unos cauces definidos por el Estado de Derecho-.
“Aquí no sirve destruir la documentación a martillazos”, ha ironizado Sánchez, que cree que lo que hay que hacer es “aplicar la Ley con el máximo rigor” y la “máxima severidad”, algo que -ha dicho- “se va a hacer”.
La consejera ha afirmado que ese incidente no solo vulnera la intimidad de los contribuyentes sino que “daña la imagen” de la propia entidad.
En este sentido, ha indicado que si se toma como referencia la guía que emplea la Agencia Española de Protección de Datos a la hora de valorar la “severidad” de este tipo de “brechas de seguridad”, lo ocurrido tiene un “alto impacto” para la propia institución, la ACAT, pero es de una “severidad baja” para los afectados dado que, aunque se ha producido “un problema de confidencialidad”, éste no “produce consecuencias” para éstos, más allá -ha dicho- del “comprensible malestar” de los mismos
EL PP CULPA AL GOBIERNO
Por su parte, la diputada del PP Isabel Urrutia ha responsabilizado de lo ocurrido al Gobierno y ha asegurao que la empresa a la que culpa la consejera por este suceso no está contratada para el tratamiento de residuos o de documentación de especial protección sino solo para la “limpieza” de las instalaciones de la ACAT, sin que en el pliego del contrato se diga nada sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
“Son ustedes los responsables de que la empresa no haya cumplido porque ustedes no han tenido el deber de vigilancia que debieran sobre los residuos. La empresa hizo lo que el documento (el pliego) le dijo que tenía que hacer”, ha afirmado Urrutia, que ha pedido a la consejera que “rectifique y diga la verdad públicamente”.
