63139 visitas
Jueves, 17 de junio, 10:00 horas Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Procedimiento Abreviado 9/2020
Falsificación de documentos públicos
Acusado de, en su condición de policía local de Santander, elaborar un documento con el que pretendía evitar una sanción por estacionar incorrectamente su vehículo.
Según el escrito del fiscal, el acusado, “con intención de que se le retirase la sanción impuesta, quiso aparentar que su coche se le averió y por ello se encontraba en la acera”.
Para tal fin, “procedió a confeccionar un escrito en el que de forma mendaz hacía constar que junto a su compañero había intervenido en relación al vehículo cuyo propietario, es decir, él mismo, les había requerido porque su coche se había averiado y al volver al coche, tras llamar a la grúa, se encontró con que había sido sancionado administrativamente”.
En dicho documento no sólo relataba unos hechos que no habían ocurrido, sino que simuló la intervención de su compañero suplantando su firma”, añade el escrito del fiscal.
Los hechos son constitutivos, según el ministerio público, de un delito de falsedad en documento oficial, por lo que solicita una condena para el acusado de tres años de prisión, inhabilitación para el cargo de agente local durante dos años y multa de 1.440 euros.
11:15 horas, Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Procedimiento Abreviado 7/2021
Abuso sexual a menores
Acusado de realizar tocamientos a la hija menor de edad de su pareja.
Según la fiscalía, el hombre “de forma frecuente y reiterada” realizó “tocamientos con los dedos de naturaleza sexual en la zona vaginal” de la niña, que contaba con trece años de edad.
“Para realizar estos hechos, el encausado se aprovechó de la proximidad derivada de la convivencia, de la relación sentimental con la madre de la menor de edad, y la representación de la figura paterna que la menor se había realizado del encausado después de años de convivencia”, explica la calificación fiscal.
Los hechos constituyen para el ministerio público un delito continuado de abuso sexual merecedor de una condena de cinco años de prisión, siete de libertad vigilada, alejamiento y prohibición de comunicar con la niña o sus familiares durante cinco años e inhabilitación para ejercer derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante seis, así como inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante otros cinco años tras la salida de prisión.
En concepto de responsabilidad civil, estima la fiscalía que el acusado debe indemnizar a la menor en 6.000 euros.
