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Santander- 01.07.2021
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha valorado hoy el régimen de cogobernanza y de coordinación impulsado por el Ministerio de Justicia con los distintos actores judiciales y administraciones, entre las que se encuentran las comunidades autónomas con las competencias transferidas, como es el caso de Cantabria.
Fernández Viaña lo ha destacado en el marco de los ‘Diálogos Institucionales’ un acto organizado por el Colegio de Abogados de Cantabria, en el que también ha intervenido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, y el decano del Colegio, Andrés de Diego.
Fernández Viaña ha defendido que el modelo de cogobernanza “es como se tenía que afrontar la crisis” y ha añadido que ese proceso ha tenido como resultado que la Administración de Justicia “no esté hoy con medidas paliativas”, sino con medidas “de impulso, reconstrucción y recuperación”.
“Vamos mil por hora y se ven los resultados”, ha dicho Fernández Viaña al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que posteriormente ha compartido ese análisis afirmando que era el momento de “cerrar filas” y “unir esfuerzos” entre todos los agentes implicados.
Fernández Viaña se ha referido también a las principales líneas de trabajo y cambios tecnológicos y organizativos que se abordarán ahora con la futura ley de eficiencia organizativa de la justicia. Para Cantabria, ha señalado, es “especialmente importante” la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en los municipios, que sustituirán a los actuales juzgados de paz. “El objetivo es llevar a todos los puntos del territorio los servicios de justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en la cohesión territorial; no podemos perder ese servicio”, ha señalado.
La consejera de Justicia se ha referido también a los cambios tecnológicos en justicia y ha valorado las características del sistema Vereda utilizado en Cantabria para adaptarse a las futuras obligaciones de interoperabilidad e intercambio de información y de datos.
Por último, la consejera ha resaltado los cambios que se introducen también en el anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal para hacer obligatoria la mediación de forma previa a la apertura de un proceso judicial.
Reformas
Por su parte, el ministro de Justicia ha repasado en su discurso las reformas organizativas, tecnológicas y procesales que se aprobarán en los próximos meses y que se encuentran en trámite de informes. La nueva arquitectura jurídica planteada por el Ministerio en el Plan 2030 está formada por la futura ley de eficiencia organizativa, junto a la ley de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.
El presidente del TSJC se ha referido a este programa de reformas del Ministerio que, en materia organizativa, ha considerado esencial y ha puesto de ejemplo los futuros tribunales de instancia. López del Moral espera que, finalmente, al igual que ha sucedido con el proceso de digitalización de la justicia, sea una mejora que llegue a aplicarse de forma efectiva.
La fiscal superior de Cantabria y el decano del Colegio de Abogados han valorado el trabajo desarrollado durante la pandemia por todos los colectivos judiciales, que trabajaron de forma coordinada. Pilar Jiménez ha señalado que la herramienta digital de Cantabria fue un “activo” y las mayores dificultades se dieron en la atención ciudadana. Andrés de Diego ha opinado que en Cantabria “las cosas han funcionado muy bien” y “hemos sido un ejemplo” en coordinación para asegurar el funcionamiento del servicio público de la justicia.
