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Santander- 12.07.2021
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha dicho hoy en el acto inaugural de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que estamos en un momento “clave” en la transformación digital, “subiendo los primeros peldaños”, pero ha apuntado los principales desafíos para las administraciones públicas como es la protección de los derechos ciudadanos y garantizar la igualdad.
En su intervención, Fernández Viaña ha defendido que las administraciones públicas, como la del Gobierno de Cantabria, deben “liderar” las medidas preventivas individuales y colectivas para evitar riesgos durante la transformación digital y cree que en este proceso “estamos a tiempo de hacerlo bien y no cometer errores”.
Tras afirmar que la pandemia ha impulsado profundos cambios hacia la digitalización, ha apuntado los riesgos que suponen las herramientas digitales si todas las personas no están preparadas para los cambios y no se afrontan los riesgos como el uso ilegítimo de la información personal o la comercialización de los datos personales, entre otros.
La transformación digital, ha dicho, tiene “grandes beneficios” para la mejora de los servicios públicos, pero es necesario, según Fernández Viaña, afianzar el buen uso de las herramientas digitales y los derechos de la ciudadanía.
En este punto, ha citado los avances que la Consejería de Presidencia ha liderado en el entorno de la Administración Autonómica para digitalizar los 1.400 procedimientos administrativos y la propia tramitación interna, a través de múltiples herramientas y disposiciones normativas.
Así, desde el año 2020 se han gestionado más de 73.000 expedientes íntegramente electrónicos; se han firmado, de forma electrónica, más de 1.300.000 documentos; se han presentado 130.785 documentos por la ciudadanía de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Cantabria, y se han realizado más de 61.000 notificaciones electrónicas.
Además, como otra palanca adicional para la transformación digital de la Administración, se ha implantado de forma generalizada, para todos los usuarios de la red corporativa del Gobierno de Cantabria, los servicios de comunicación unificados dotándoles de un sistema de videoconferencias utilizables desde sus puestos de trabajo.
Por su parte, el subdirector general para la Sociedad Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Rafael Pérez Galindo, ha avanzado que la Carta de derechos en la que trabaja el Gobierno de España, a través de un comité de expertos, se aprobará antes de acabe el verano, tras un amplio periodo de consultas y participación de más de un año, y ha explicado que su objetivo es crear un marco referencia en la protección de los derechos en entornos digitales.
En la apertura del curso también han intervenido sus directores: la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Susana de la Sierra, y el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Jesús Prieto.
Susana de la Sierra ha abogado por afrontar los procesos de transformación digital como una “oportunidad” y ha puesto de ejemplo la atención sanitaria a distancia que se puso en marcha durante la crisis sanitaria. A su juicio, las herramientas digitales son un “aliado” de las administraciones públicas, y, al igual que la consejera, ha defendido la reducción de la brecha digital y el acceso de los colectivos vulnerables.
Jesús Prieto ha alertado de la dictadura del algoritmo y, por eso, ha apuntado la importancia de hacer esfuerzos en el ámbito humano.
Por último, el presidente de la Fundación Gabeiras, Roger Dedeu, y la directora de Servicios Jurídicos de la UIMP, María José Torres, han defendido “no dejar a nadie atrás” en el desarrollo tecnológico y en la protección efectiva de los derechos.
El curso sobre la protección de los derechos en la sociedad se celebrará hasta el miércoles en la sede de Santander de la UIMP y cuenta con la colaboración de la Fundación Gabeiras. El objetivo de esta acción formativa es ofrecer una visión general de los retos que plantea la sociedad digital en el ámbito de los derechos de la ciudadanía, tanto en sus relaciones con las administraciones públicas, como en sectores específicos.
