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Pide extender hasta los seis años la atención temprana que presta el Servicio Cántabro de Salud y hacerla compatible con la escolarización
Buruaga anuncia una iniciativa en el Parlamento tras reunirse con el padre de un niño de 3 años con autismo que no recibe en Cantabria la atención pública que necesita
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado al Gobierno un protocolo de detección precoz y atención del trastorno del espectro autista (TEA) en la comunidad autónoma y extender como mínimo hasta los seis años la atención temprana que presta el Servicio Cántabro de Salud, haciendo compatible esta terapia con la escolarización en el ciclo de Infantil.
Buruaga ha anunciado que el grupo parlamentario popular ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento que incluye varias propuestas para mejorar y avanzar en la atención a las personas con TEA, unas 5.000 en Cantabria.
Esta iniciativa parlamentaria surge de la reunión mantenida por la presidenta con Alberto Baliñas, director gerente de la Asociación de Padres del Síndrome de Trastorno del Espectro Autismo de Cantabria (APTACAN), y con Carlos López, padre de Alejandro, un niño de 3 años diagnosticado de autismo que en Cantabria no recibe la atención pública y los apoyos que necesita.
Según ha explicado Buruaga, Cantabria es una de las comunidades autónomas en las que los servicios públicos apenas han desarrollado unidades especializadas, cuando esta es una de las claves de la intervención en este tipo de pacientes.
A la falta de especialización, se suma la ausencia de la necesaria coordinación entre los distintos ámbitos de intervención (sanidad, educación y servicios sociales) y los diferentes niveles asistenciales, lo que dificulta el diagnóstico y la detección precoz, fundamental en la atención temprana, así como los diferentes tratamientos.
La consecuencia es que las familias se ven abocadas a buscar diagnóstico y tratamiento fuera de la comunidad autónoma, como es el caso del hijo de Carlos, que recibe terapia en Oviedo, lo que agrava su situación y su sufrimiento.
De acuerdo con las demandas de las familias y entidades, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno el desarrollo de la estrategia nacional en trastorno del espectro del autismo aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015, puesto que a diferencia de otras Comunidades Autónomas en Cantabria no se ha avanzado nada desde entonces.
Según ha explicado la presidenta, es necesario un plan de acción propio con medidas y acciones concretas, recursos y presupuesto. “Necesitamos concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el TEA, trabajar en la accesibilidad de las personas que lo padecen, promover la investigación y, formar a profesionales para una detección precoz y una atención coordinada”, ha dicho.
Además, pide al Gobierno en su iniciativa la urgente elaboración de un protocolo de detección precoz y atención del trastorno del espectro del autismo que incluya, entre otros aspectos, un proceso de cribado, un centro de valoración y diagnóstico especializado y los canales de derivación asistencial y coordinación sociosanitaria para garantizar una intervención temprana y una atención especializada, integral e integrada.
“Si no hay diagnóstico, no hay discapacidad ni ley de dependencia, ni recursos ni ayuda y la intervención temprana en los menores es clave para alcanzar una vida autónoma”, ha dicho la presidenta, quien ha explicado que no se trata tanto de crear nuevos recursos sociosanitarios como de ordenar adecuadamente los que tenemos, de fomentar su especialización, y de coordinarlos con eficacia y eficiencia; de ahorrar un tiempo que es precioso en las personas con TEA, pero también sufrimiento y costes económicos añadidos a las familias.
Además, el Partido Popular reclama que se extienda la atención temprana que presta Atención Primaria como mínimo hasta los seis años haciéndolo compatible con la ecolarización en el ciclo de Infantil porque la estimulación y la socialización son imprescindibles y porque se trata de un trastorno que se diagnostica en el mejor de los casos entre los 18 y los 24 meses, lo que en la práctica supone reducir los servicios especializados que presta la unidad de atención temprana a unos meses.
