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Los senadores Javier Puente y Amaya Landín creen que el actual se ha quedado “obsoleto y desfasado” y apelan al consenso obtenido en 2017 por el Gobierno del PP
El PP ha registrado una iniciativa en el Senado para su debate porque se están dando situaciones que no están siendo reconocidas
El Partido Popular ha registrado una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a que agilice el proceso para la aprobación y puesta en marcha el baremo para la obtención del grado de discapacidad que el Gobierno del PP dejó listo y consensuado con las organizaciones en 2017.
Los senadores del PP por Cantabria y miembros de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, Javier Puente y Amaya Landín, firmantes entre otros de la moción, han asegurado que el actual baremo se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados, “hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan, sobre todo, a la discapacidad orgánica”, han dicho.
Para los senadores cántabros es necesaria la puesta en marcha de este baremo para que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.
Los populares han destacado que el nuevo baremo, adaptado al modelo social de derechos humanos, “contempla la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados”. Además, han incidido en que “el baremo que rige actualmente se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica”.
Puente y Landín han recordado que el Partido Popular consiguió consensuar en 2017, tras los trabajos realizados con el sector de la Discapacidad, las organizaciones de la discapacidad articuladas en torno al CERMI, el Gobierno y las comunidades autónomas, un nuevo baremo adaptado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Un baremo que “incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica pero que, hoy en día, todavía no se ha implementado”, han subrayado.
En este sentido, los senadores han remarcado que no obtener el certificado de discapacidad se traduce en falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, o no poder acceder a plazas específicas para personas con discapacidad en las oposiciones. Por otra parte, han explicado que también afecta a las dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas, pérdida de amistades y relaciones por la dificultad de relacionarse con el entorno y la aparición de otro tipo de patologías por el no reconocimiento de ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo.
