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El Tribunal Administrativo Central ha suspendido temporal y cautelarmente el concurso público para la asistencia técnica de ejecución en los trabajos de dirección, ejecución facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación del Museo de Arte de Santander (MAS) ante el recurso presentado por los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores.
Así lo ha informado hoy el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, quien, en un comunicado, ha lamentado que “la chapuza continua” del PP en el MAS esté causando “un grave perjuicio a la ciudad y a la cultura de todos los santanderinos”. Un museo, ha recordado, que permanece cerrado al público desde hace casi cuatro años, tras el incendio acontecido en noviembre de 2017.
Fernández ha recordado que, hace diez días, ya manifestó que la situación “era muy preocupante”, cuando trascendió el recurso especial en el que los citados colegios solicitaban medidas cautelares por entender que el pliego de condiciones era contrario a derecho.
“El fondo del asunto no es otro que la chapuza continuada del Partido Popular en el Museo de Arte de Santander”, ha subrayado Fernández, quien ha denunciado que el equipo de Gobierno de los populares “intentó culpar” del incendio a las empresas que se encargaron de la reforma en su día “para no asumir sus claras responsabilidades políticas por la desactivación de las alarmas antiincendios”.
Sin embargo, ha puntualizado, una sentencia judicial exculpó a la concesionaria, desautorizó el expediente sancionador y señaló la responsabilidad municipal en el siniestro.
A su juicio, “éste es el tamaño del perjuicio para Santander y la cultura que está provocando la gestión del Partido Popular en nuestra ciudad”.
Y es que, según ha explicado el PSOE, el Tribunal Administrativo Central, organismo especializado en cuestiones de contratación y que está integrado en el Gobierno central, ha entendido que el concurso debe suspenderse de forma cautelar, previamente a la resolución de los recursos presentados por los colegios profesionales hace unas semanas.
Fernández ha recalcado que la suspensión cautelar es una medida para tratar de evitar que el daño que se produzca sea irreversible y que éste se haya producido antes de que se conozca la resolución. Al suspenderlo provisionalmente, el Tribual de Recursos Administrativos acepta los motivos que han alegado los arquitectos y que hacen que esos daños “sean de difícil o imposible reparación”.
Por su parte, los aparejadores afirmaron también que las condiciones exigidas en el pliego “alteraban los principios de publicidad, igualdad y de no discriminación que deben presidir los contratos del sector público”, ya que se impone la intervención de profesionales “sin la debida justificación técnica y jurídica, además de carecer de la debida transparencia”.
En opinión de los socialistas, a toda esta situación derivada de “la indolencia” y de “una mala gestión continuada” se suman las “enormes pérdidas” que supuso el siniestro para la ciudad, ya que el PP ha sido “incapaz” de elaborar un inventario de los bienes y del patrimonio cultural que se perdieron en el incendio del museo.
Finalmente, Fernández ha destacado que, según los informes municipales, los bienes asegurados estaban valorados en 83,2 millones de euros del edificio y otros 37,3 por el contenido, un total de 120,5 millones.
