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Santander- 25.11.2021
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha considerado “muy positiva” la reforma legal que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por otro sistema basado en el respeto a la voluntad y a sus preferencias, y exige la provisión de nuevas medidas judiciales de apoyo a estas personas.
Así lo ha declarado durante la apertura, en el CASYC de Santander, de la primera jornada sobre Formación Jurídica en Discapacidad, organizada por el Colegio de Abogados de Cantabria, en la que colaboran las fundaciones Aequitas y Tutelar Cantabria, junto al Colegio General del Notariado de España.
La consejera de Justicia ha asegurado el apoyo del Gobierno de Cantabria para el desarrollo de norma, si bien, ha recordado que el Ministerio “no ha cerrado el círculo” con su reforma y no ha previsto en la ley los medios económicos necesarios para su implantación, que recae sobre las autonomías.
Pese a ello, ha asegurado que Cantabria contará con más medios personales para hacer efectivas las necesarias revisiones de los procedimientos de incapacidad, que recaerán en el juzgado de instancia número 11 de Santander. También, el nuevo decreto de justicia gratuita recoge un nuevo módulo de discapacidad para hacer frente al turno de oficio en este tipo de casos.
Colaboración institucional y con el Tercer Sector
En su intervención, Fernández Viaña ha destacado la importancia de la colaboración de las entidades del Tercer Sector y las propias instituciones públicas para alcanzar los objetivos de la reforma de la legislación procesal y civil para el apoyo a las personas con discapacidad y conseguir así “el pleno ejercicio de su capacidad jurídica”.
Ha recordado que la ley traslada al ordenamiento español la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que estas personas tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica e insta a los estados a reconocerla en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida.
Se trata, ha dicho la consejera, de dejar atrás la “visión paternalista” por otro sistema basado en el respeto a la voluntad y a las preferencias de las personas con discapacidad, que, como regla general, “serán las encargadas de tomar sus propias decisiones”.
Se sustituye, así, como ha señalado, la incapacitación o modificación de la capacidad por un sistema de apoyos, que se traducen en diversas actuaciones como el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o, incluso, la toma de decisiones delegadas.
