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El presidente del TS y del CGPJ recuerda a los nuevos jueces que el Estado de Derecho reclamará de ellos “una defensa firme de la Constitución y de la ley”.
- En el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que el Rey ha presidido hoy en Barcelona
- El director de la Escuela Judicial destaca la “formación abierta a la diversidad cultural y a las diversas realidades sociales” adquirida por los nuevos miembros de la Carrera Judicial
Barcelona, 29 de noviembre de 2021.-
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado a los integrantes de la LXX promoción de la Carrera Judicial, que hoy han recibido sus despachos, que el Estado de Derecho reclamará de ellos “una defensa firme de la Constitución y de la ley, proporcionando respuestas adecuadas a los problemas de los ciudadanos y ofreciendo un marco de certeza y seguridad jurídica”.
“Tenéis un gran reto por delante: Los jueces ayudamos con nuestro trabajo a las personas a convivir en libertad, a tener seguridad, a proteger su propiedad, a ordenar sus relaciones familiares y laborales. Procuramos la paz colectiva y aseguramos la convivencia a través de la aplicación de las leyes, asegurando la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho”, ha señalado Lesmes durante su intervención en el acto presidido por el Rey en Barcelona, en el que las 134 mujeres y los 54 hombres que integran la promoción han adquirido la condición de miembros del Poder Judicial.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces les ha agradecido su compromiso y les ha advertido de que deberán ofrecer lo mejor de sí mismos a la sociedad, “que no podría funcionar sin un servicio público de justicia eficaz y de calidad, que constituye, por tanto, una pieza esencial para garantizar la paz social y jurídica”.
Lesmes también ha hecho referencia a las “especiales exigencias éticas” que conlleva el ejercicio de la función judicial, entre las que ha citado en primer lugar la de actuar con independencia, incluso de las propias convicciones personales, como garantía de la aplicación ecuánime de las leyes y de la protección de los derechos de los ciudadanos.
“La autonomía e independencia del Poder Judicial dependerá también de vosotros a partir de ahora. Dependerá de vuestra integridad y de vuestra voluntad de confrontar con el suficiente ahínco cualquier intento de presión o manipulación. También tendréis a vuestra entera disposición todos los medios del Consejo General del Poder Judicial para preservar esa independencia cuando resulte amenazada. Esa, y no otra, es la clave de su existencia constitucional”, ha añadido.
El presidente del TS y del CGPJ ha dicho también a los nuevos jueces y juezas que los ciudadanos esperan de ellos que actúen con imparcialidad -guardando distancia respecto de las partes y del objeto del proceso- y con integridad, observando siempre “una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuya dignidad exige un comportamiento acorde con la misma”.
Lesmes también ha citado la diligencia, la cortesía y la transparencia como virtudes del buen juez, y ha dicho que todas ellas definen la esencia de la función judicial en un Estado de Derecho y “dan plena virtualidad a lo que la Constitución española establece ni más ni menos que en su primer artículo: que la Justicia es uno de los valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico”.
Soberanía y unidad
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha destacado durante su intervención la “enorme fuerza simbólica” y el “profundo significado constitucional” de la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos, tradición que se remonta a hace más de 20 años.
Así, ha dicho que el artículo 117 de la Constitución, que proclama que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, “explica la legitimidad del Poder Judicial, que nace, como todos los poderes del Estado, del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, pero también expresa que la Justicia se administra en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia de nuestro Estado, conjugándose así en la fórmula constitucional, armónicamente, las ideas de soberanía y unidad de nuestra Nación”.
Una formación abierta a la diversidad cultural
Por su parte, el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha señalado que, desde su llegada a este centro en septiembre de 2019, los desde hoy nuevos miembros de la Carrera Judicial han trabajado intensamente para estar preparados para el servicio público, adquiriendo una formación que, más allá del conocimiento jurídico ya acreditado en la fase de oposición, ha estado orientado a la práctica del oficio de juzgar.
El análisis de las circunstancias relevantes de los casos más frecuentes que hoy ingresan en los juzgados y tribunales, las simulaciones de audiencias y juicios de todo tipo y las estancias con otros colectivos relacionados con el mundo de la Justicia han sido parte fundamental de una formación “abierta a la diversidad cultural y a las diversas realidades sociales” por la que siempre ha apostado la Escuela Judicial, ha señalado Jiménez.
El director de la Escuela Judicial, que ha destacado el tesón y el esfuerzo de los alumnos, del profesorado y del personal administrativo del centro para desarrollar la formación tal y como estaba previsto pese a las adversas circunstancias derivadas de la pandemia de coronavirus, ha pedido a los nuevos jueces que mantengan el espíritu de trabajo y sacrificio, que no pierdan sus ideales y que no olviden “el componente que esta profesión tiene de servicio a los demás, a los que os rodean y a la sociedad en la que vivís”.
Al acto de entrega de despachos han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, además del presidente del Tribunal Constitucional; Pedro González-Trevijano; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, entre otras autoridades.
