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La Memoria de 2021 de este órgano plantea introducir disposiciones transitorias en las normas que introduzcan cambios legislativos y ofrecer “certidumbre” sobre el régimen aplicable.
Santander – 17.04.2022
La Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria ha propuesto en su última Memoria la creación de un grupo de trabajo específico para que establezca propuestas de mejora en el funcionamiento de los procedimientos de licitación, así como otras iniciativas de mejora encaminadas a una mayor especialización del personal y de la documentación necesaria, con el fin de “conseguir una mayor eficiencia y agilidad en la contratación púbica”.
Así se recoge en la Memoria del año 2021 que impulsan los letrados del Gobierno de Cantabria, un servicio dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y que presta funciones de asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio del Gobierno y de su Administración Autonómica.
La Dirección General del Servicio Jurídico ha abogado también por introducir disposiciones transitorias en las normas que introduzcan cambios legislativos y ofrecer “certidumbre” sobre el régimen aplicable a las situaciones preexistentes y a los procedimientos en tramitación.
Según han defendido, “esto es especialmente necesario” en las leyes de medidas fiscales y administrativas, que acompañan cada año a las normas de presupuestos, lo que facilitará “el tránsito normativo en cada uno de los ámbitos en los que el régimen jurídico se modifica”.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha compartido las propuestas de los Servicios Jurídicos y ha destacado la importancia de fijar procedimientos que agilicen los procesos de contratación, al suponer “un compromiso de mejora sustancial” y cumplir con ello los objetivos de recuperación económica y trasformación que persiguen los fondos europeos tras la pandemia e, incluso, facilitar la máxima eficiencia de cualquier iniciativa promovida por una Administración pública.
Fernández Viaña también ha resaltado el trabajo de los Servicios Jurídicos en la emisión de informes jurídicos en apoyo a la actividad de todas las consejerías. Durante el pasado año se emitieron 419 informes en el ámbito de los procesos de creación de normas y en los procedimientos de decisión que corresponden al Consejo de Gobierno.
La Memoria de los Servicios Jurídicos recoge que el Gobierno cántabro reclamó para su cobro más de 848.000 euros en el último año por costas procesales generadas.
Por último, los letrados del Ejecutivo participaron en 102 juicios celebrados íntegramente por medios telemáticos y, a través del sistema de gestión procesal Vereda de la Administración de Justicia, se han recibido 22.475 notificaciones y 2.136 comunicaciones electrónicas en este servicio.
