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El consejero de Medio Ambiente culpa al Estado y a la asociación ecologista ASCEL de judicializar el problema y acabar con la paz social que hasta ahora garantizaba la coexistencia entre esta especie y la ganadería extensiva.
“Volveremos a emitir resoluciones de controles en zonas concretas y como consecuencias de los daños acreditados por los funcionarios públicos y, por supuesto, en el marco de la normativa vigente y ajustándonos a lo que los tribunales decidan en su momento si esas nuevas resoluciones son también recurridas, como sin ninguna duda va a ocurrir”.
Así de contunden se ha expresado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, durante su comparecencia ante los medios de comunicación para analizar la situación actual de lobo y de la ganadería en Cantabria, después de conocer que esta semana la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya acordado la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), dejando en suspenso las autorizaciones para la extracción de ejemplares de lobo en varios municipios de Cantabria.
Durante su intervención, el consejero ha matizado que “los autos del pasado martes no entran al fondo del asunto y, por lo tanto, el TSJC no ha dictado sentencia sobre la demanda presentada por ASCEL”, sino que la medida cautelar acordada por el tribunal se refiere “única y exclusivamente a las tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 9 de septiembre, que contemplaban la extracción de tres lobos y no de 10 como se ha publicada de manera errónea en algunos medios de comunicación”.
También ha querido aclarar que ni el auto del tribunal ni el voto particular de uno de los 5 miembros de la Sala ponen en duda los datos que resoluciones incluyen sobre los daños producidos por el lobo sobre la ganadería extensiva ni cuestionan el procedimiento seguido en lo dictado por esas resoluciones.
“Quiero dejar claro, por respeto y reconocimiento público al trabajo de los técnicos y agentes del Medio Natural de la Consejería, que ningún tribunal ha puesto en duda su trabajo por mucho que algunos quieran descalificar su trabajo o amedrentarles para que no lo hagan”, ha insistido Blanco, quien ha recordado que desde el mes de julio y hasta lo que llevamos de septiembre, se han producido en Cantabria un total de 941 ataques de lobo a la ganadería de ovino, equino, bovino, caprino y asnal, lo que ha supuesto un total de 1.350 animales muertos y 86 reses heridas, entre ovejas (497 muertas y 30 heridas); caballos (384 muertos y 41 heridas); vacas (310 muertas y 12 heridas); cabras (155 muertas y 3 heridas), y burros (4 muertos).
En este sentido, ha matizado que estas cifras, certificadas por agentes del Medio Natural y verificados por los técnicos de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, deben considerarse como “mínimos” ante la falta de expedientes aún por reclamar por los afectados y verificar por los funcionarios de la Consejería, por lo que augura que habrá daños todavía no reclamados por los afectados.
Respeto y discrepancia con la decisión judicial
El consejero ha asegurado que tanto él como su departamento mantienen un respeto absoluto ante la decisión del TSJC, si bien discrepan sobre ella, poniendo el acento en el voto particular expresada por una de las magistradas de la Sala, que se aparta de criterio del resto del tribunal, al considerar, ha recordado, que la Administración regional ha justificado “adecuadamente” la necesidad de esos controles.
Se ha mostrado convencido de que los controles que se habían previsto “son necesarios y justificados” y la imposibilidad de aplicar medidas preventivas eficaces en la ganadería extensiva está argumentada en las resoluciones dictadas el pasado mes de junio, que son la base de las extracciones que se habían autorizado para este mes de septiembre, como señala el voto particular de la magistrada que se aparta del parecer mayoritario de la Sala.
El titular de Medio Ambiente ha considerado que la extracción de 3 ejemplares de lobo sobre una estimación de, al menos, 170 ejemplares, no afecta al estado de conservación de la especie en Cantabria, “pues de haber tenido alguna duda, las resoluciones no se hubieran dictado”.
Los servicios jurídicos y los técnicos de la Consejería, ha explicado, tendrán en cuenta los argumentos, tanto de la mayoría de la Sala como de la magistrada discrepante, para preparar nuevas resoluciones “porque esta decisión del tribunal no entra a valorar si los controles están ajustados a Derecho, sino solamente adopta una medida cautelar que, además, solo afecta a estas tres resoluciones”.
Ha lamentado que se haya escenario “al que hemos llegado” y que él mismo advirtió hace meses, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y alguna organización ecologista iniciaron el procedimiento de incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), “judicializando la gestión del lobo”.
Consciente de que los tribunales hacen su trabajo en base a una norma, Blanco ha criticado que el LESPRE, la norma que actualmente rige la gestión del lobo en España, “va mucho más allá de lo que determina la legislación básica española y la Directiva Hábitat, y, como también habíamos advertido y se han preocupado de recordad las propias organizaciones, hacen muy difícil la adecuada gestión del lobo”.
Una gestión basada en un plan que ha sido validado por el propio TSJC todas las veces que ha sido denunciado por estas mismas organizaciones, y con el que, tal y como ha recordado, “en Cantabria habíamos conseguido mantener la imprescindible paz social, pieza clave para asegurar la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva”. “Eso que la palabrería del Ministerio pretende defender, pero con sus hechos demuestra lo contrario”, ha remarcado Blanco.
Con la idea “clara” de defender la ganadería extensiva al tiempo que asegurar la conservación del lobo, el consejero ha reafirmado, una vez más, que “lo peor que le puede pasar al lobo y al medio natural de Cantabria es que se nos prive a la Administración de las herramientas de gestión con las que habíamos conseguido pasar de 5 grupos de lobos en 1995 a 20 en 2022”.
Apoyo en Europa
También se ha mostrado crítico con la postura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “el ministro de los ganaderos”, a quien le ha reprochado su incapacidad para sumarse “sin ambages y medias tintas” a la posición planteada por Austria y otros cinco países europeos (Croacia, Finlandia, Hungría, Letonia, Rumanía y Eslovaquia) en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado lunes para solicitar una revisión de la normativa europea sobre grandes carnívoros para permitir a los estados y regiones una gestión de las poblaciones de carnívoros, “que son una amenaza muy relevante para la ganadería en gran parte de Europa”.
“Lamentablemente, Cantabria no está representada en esa posición por decisión del ministro de los ganaderos y del Gobierno de España”, ha reprochado Blanco, quien ha opinado que este gesto es una muestra más de la actitud del Gobierno de España y del MITERD en este asunto.
Ha recordado que Cantabria lleva meses a la espera de recibir los informes requeridos al Ministerio sobre las afecciones de estos controles sobre el estado de conservación de la especie en España, y que ahora ha paralizado de manera cautelar el TSJC. “Vamos a exigirles que cumplan sus obligaciones porque esos informes son preceptivos con independencia de que estos tres controles estén suspendidos”, ha afirmado Blanco.
“Exigimos al Ministerio que cumpla con aquello que le es obligado y que ningún tribunal ha paralizado ni anulado”, ha insistido el consejero, quien ha indicado que esta semana ha vuelto a enviar una carta al secretario de Estado del Ministerio para dejar claro que Cantabria no va a admitir que el Gobierno de España “busque excusas del mal pagador”.
También ha asegurado que su departamento no se va a dejar intimidar por las amenazas de las organizaciones ecologistas, como ASCEL, de denunciarles en los tribunales. “Para nosotros y para cualquier persona de bien los tribunales no son una amenaza, al contrario, son una garantía”, ha subrayado Blanco, quien ha destacado que la gestión del lobo en regiones como Cantabria, “en las que la ganadería extensiva es fundamental por tantas razones”, exige los controles de ejemplares, como ocurre en el resto de Europa y se viene haciendo en Cantabria en los últimos años desde el convencimiento de nuestra obligación de asegurar la conservación de la especie”.
Por todo ello, ha asegurado que Cantabria va a seguir desarrollando su Plan de Gestión del Lobo “en todo lo que no se oponga al marco legal impuesto por el Gobierno de España hasta que ese marco legal sea anulado por los tribunales o por un nuevo Gobierno”.
