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Fernández Viaña destaca el esfuerzo colectivo que ha hecho posible conseguir una “herramienta jurídica poderosa” para prestar un mejor servicio público en la Comunidad.
El Parlamento ha aprobado esta tarde la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Cantabria, una norma que reforzará el servicio de seguridad prestado por los 34 cuerpos existentes en Cantabria, al ofrecer una mayor operatividad; dar respuesta a situaciones muy diversas en los ayuntamientos cántabros, en la línea de la lucha contra el despoblamiento, y adaptar el texto a las modificaciones legales realizadas en la materia y en función pública después de 22 años de vigencia de la actual normativa.
Así lo ha destacado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, departamento que ha impulsado la nueva ley, quien, además, ha valorado el trabajo conjunto y colaborativo con los colectivos implicados (Gobierno de Cantabria, Federación de Municipios, ayuntamientos, los jefes de Cuerpos de Policía Local, sindicatos y el Parlamento), durante la elaboración de la norma, cuando se presentaron cerca de un centenar de alegaciones.
“Este esfuerzo colectivo (…) nos va a permitir contar con una herramienta jurídica poderosa para prestar a los ciudadanos un mejor servicio público de policía local para la seguridad y la defensa de los derechos constitucionales y libertades públicas”, ha subrayado la consejera en su intervención parlamentaria, tras lo que cual, ha resaltado el programa de apoyo a las policías locales que ha desarrollado el Gobierno cántabro con una dotación histórica para la renovación de sus medios.
Con respecto a la nueva norma, la consejera de Presidencia ha detallado las principales novedades que introduce la normativa, en la que tienen un especial protagonismo los mecanismos de coordinación que el Gobierno de Cantabria utiliza para homogeneizar el funcionamiento de las policías locales en toda la Comunidad.
Igualmente, se introducen una serie de medidas orientadas a asegurar la prestación de los servicios de policía local, entre las que destaca la colaboración entre municipios para atender necesidades temporales del servicio policial o la posibilidad de asociacionismo de municipios para el desempeño de las funciones encomendadas a las policías locales.
Otra novedad es la supresión del requisito de estatura mínima y diferenciada entre hombres y mujeres para acceder al cuerpo de policía local y se regula, por primera vez, el derecho a prestar el servicio de policía en condiciones adecuadas de seguridad e higiene en el trabajo, distinguiendo entre municipios de más y menos de 5.000 habitantes y una platilla mínima dependiendo de la población. En especial, se hace una especial referencia a la no realización de servicios de carácter unipersonal, salvo justificación debidamente motivada, y se hace mención expresa a las medidas de protección de la mujer embarazada y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En este mismo objetivo, se establecen, además, una serie de requisitos que deben concurrir para acordar la creación de los Cuerpos de Policía Local, tales como la plantilla mínima, la cobertura del servicio de forma permanente y efectiva, la existencia de dependencias adecuadas, de medios técnicos idóneos y dotación presupuestaria, así como la puesta en conocimiento de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
Y es que, como ha señalado Fernández Viaña, el mantenimiento y la subsistencia de los Cuerpos de Policía Local constituye para el Gobierno cántabro una “prioridad”, tanto desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, como desde la política de lucha contra el despoblamiento.
Formación y selección
La norma autonómica regula de forma más detallada los medios técnicos de los que deben estar dotados los agentes, su uniformidad y las funciones de las distintas escalas y de las jefaturas de los cuerpos de policía local.
Otras mejoras que introduce la ley pretenden dar respuesta a situaciones muy diversas en los ayuntamientos cántabros relacionadas con los sistemas de provisión y selección de los agentes y ofrecer una regulación más detallada de determinadas materias.
Así, se regula un periodo de prácticas en los ayuntamientos convocantes de plazas en el cuerpo de policía, como nueva fase del proceso selectivo de carácter evaluable.
Con la nueva regulación será posible admitir la relación funcionarial de carácter interino para el nombramiento de auxiliares de policía con ocasión de un aumento notorio de población de forma estacional o temporal que requiera incrementos transitorios de personal. Los auxiliares de policía de refuerzo de la regulación anterior tenían la condición de personal contratado laboral, lo cual no era compatible con la realización de labores de autoridad propias de dicho cuerpo.
Igualmente, se establecen procesos de promoción interna para que los auxiliares de policía puedan acceder al cuerpo de policía de cara a evitar la simultaneidad en un mismo ayuntamiento de ambos cuerpos. Esa promoción interna se hará a través del sistema de concurso-oposición, basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Aquellos auxiliares de policía que no accedan al cuerpo de policía local quedarán en la situación de ‘a extinguir’.
Fernández Viaña ha señalado que la ley ofrece la posibilidad de acceso a los cuerpos de policía local de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Santander, al facilitar efectuar procesos de promoción interna por procedimientos de concurso-oposición.
Dentro de las situaciones administrativas, la ley establece la regulación de la segunda actividad por razón de edad y por razones psicofísicas, mejorando notablemente los derechos de los policías en lo relativo a su situación y sus retribuciones.
Inversiones en formación y medios policiales
En su intervención, la consejera de Presidencia ha destacado las inversiones autonómicas para la financiación del programa de renovación de medios materiales de las policías locales de Cantabria, que ha beneficiado a 17 ayuntamientos, en el caso de la flota de vehículos, y a 18 municipios para la adquisición del material de intervención policial.
En total, se han invertido en dos años 400.000 euros y en 2023 se dispondrá de otros 250.000 euros de presupuesto para ambas convocatorias de ayuda. A esto se añade, el incremento presupuestario en formación, que se consolida el próximo año con 140.000 euros destinados al Plan de formación de seguridad ciudadana, y que incluirá, además, la organización de dos cursos básicos para la capacitación de los nuevos policías locales.
En este ámbito, la consejera se ha referido, por último, a los trabajos del Ejecutivo encaminados a alcanzar los requisitos de la Orden 1241/2019 del Ministerio de Educación para conseguir la equivalencia con el título de Técnico de formación profesional.
