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Aglutinará las funciones del CEARC y de las escuelas de Policía Local y de Protección Civil y será el principal eje para la modernización de la función pública en Cantabria.
El Parlamento regional ha aprobado hoy la nueva Ley del Instituto Cántabro de Administración Pública ‘Rafael de la Sierra’, que ha impulsado el Gobierno autonómico, y que tendrá como principal objetivo la modernización de la función pública como centro de formación del personal público, encargado, además, de la definición e investigación de los nuevos modelos de gestión pública.
Así lo ha expuesto la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, en su intervención en el pleno de la Cámara regional, en el que ha defendido la actualización legal del organismo público, que ha cumplido 35 años, y de sus funciones de formación de los empleados públicos.
El nuevo organismo, que ya cuenta con un plan de actuación y que aglutinará las funciones del CEARC y de las escuelas autonómicas de Policía Local y de Protección Civil, llevará el nombre de ‘Rafael Ángel de la Sierra, lo que, en palabras de la consejera, es un reconocimiento a la trayectoria profesional del exconsejero en el ámbito del derecho y a los valores que representaba. Igualmente, ha expuesto que Cantabria mantiene con ello la línea de denominaciones de organismos públicos seguida por otras comunidades autónomas, que reconocen la figura de otros políticos y profesionales en este ámbito.
“Rafael de la Sierra representa perfectamente esos principios –que representa el CEARC-, de trabajo, compromiso, respeto, consenso y eficacia en el trabajo”, ha subrayado en su intervención la consejera de Presidencia, quien ha recordado su labor en muchos proyectos sociales y culturales, en los que ha sido “ejemplo” para los ciudadanos en general, con independencia de los colores políticos que tenga cada uno”.
Con esta nueva ley, Cantabria adapta este organismo a los cambios normativos que han afectado a la administración pública, fundamentalmente la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 5/2018 de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma.
El ICAP seguirá ocupándose de la formación de los empleados públicos de la Administración Regional, las tradicionales funciones del CEARC; de los ayuntamientos y personal de servicios de la Universidad de Cantabria y también gestionará y coordinará la formación del personal de justicia.
Fernández Viaña ha defendido, además, el actual modelo de organismo público, destinado en exclusiva a la formación del personal al servicio de las administraciones públicas, frente a otras experiencias que integran las labores de selección y la organización de oposiciones, que seguirá ostentando, en el caso de Cantabria, la Dirección General de Función Pública.
En este sentido, ha valorado la intensa labor del organismo público en materia de formación de los empleados públicos. Según los datos expuestos por la consejera en su intervención parlamentaria, solo en esta legislatura, el CEARC ha impartido 33.000 horas de formación repartidas en 1.376 cursos, concediendo más de 24.000 títulos al personal, con más del 90 por ciento de los cursos valorados por los propios alumnos con satisfacción notable o sobresaliente.
Plan de actuación del ICAP
Por otro lado, la consejera de Presidencia ha informado que el Gobierno ya cuenta con un Plan de actuación, aprobado junto al proyecto de Ley del ICAP, con las líneas de actuación del centro en el ámbito de la formación, investigación y colaboración.
En el plano de la formación, según ha explicado, se pretende enfocar la formación hacia el aprendizaje activo, ampliando competencias y habilidades de los empleados públicos, con procesos adaptados a las nuevas tecnologías de la comunicación y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, junto con programas de transferencia del conocimiento.
En segundo lugar, se quiere potenciar el área de investigación y estudios de las administraciones públicas con la publicación de trabajos de investigación, incluyendo los premios de investigación del organismo; la detección de las necesidades formativas, y el aprendizaje de los métodos para fomentar la investigación.
En el ámbito de la colaboración con las administraciones públicas, se plantea reforzar la carrera profesional de los empleados públicos, ampliar los colectivos destinatarios de la formación para que el ICAP sea el centro de referencia en la formación de todas las administraciones públicas de Cantabria, mediante la firma de acuerdos de colaboración.
Por último, el Gobierno plantea en su Plan de acción para el ICAP fomentar la colaboración con el resto de institutos autonómicos, compartir recursos ya existentes y poner en marcha planes interadministrativos.
