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Santander- 25.06.2021
Las comunidades con competencias en justicia, entre ellas Cantabria, y el Ministerio de Justicia, han aprobado hoy los criterios para el reparto de los fondos europeos NextGenerationEU que se recibirán a finales de año y que están destinados al ‘Proyecto 1’ de Justicia 2030, con el que se implantarán sistemas e infraestructuras de interconexión y comunicación de todos los juzgados españoles.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha participado en la reunión de la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las autonomías, celebrada en Tenerife, en la que ha dado su voto favorable al reparto del fondo y en la que se han abordado también otros asuntos, como la implantación de las oficinas municipales de justicia y los procedimientos para la mediación obligatoria previa a la apertura de un proceso judicial.
Fernández Viaña ha valorado el trabajo desarrollado por el Ministerio de Justicia, que ha demostrado “cogobernanza”, “máxima coordinación” con las comunidades autónomas y ha sido el primero en llevar a cabo el reparto efectivo de los fondos europeos para este año, con los que Cantabria ha recibido cerca de 600.000 euros para agilizar el proceso de digitalización de la justicia regional y que ya se están ejecutando en la comunidad.
Asimismo, ha informado que su departamento liderará el proyecto de interoperabilidad entre las comunidades de Cantabria, Navarra, Aragón y País Vasco, que comparten el mismo sistema de gestión procesal. En concreto, desarrollará las fichas de integración necesarias para compartir la información y los expedientes judiciales con el resto de sistemas utilizados en el país.
Oficinas de justicia municipales y mediación
Por otro lado, la consejera de Justicia ha avanzado que el Gobierno autonómico iniciará tras el verano una campaña de difusión entre los municipios para informar de los cambios introducidos en la organización de los registros civiles y juzgados de paz con la puesta en marcha de las oficinas municipales de justicia.
El Gobierno, ha dicho la consejera, quiere explicar el alcance de los servicios que se podrán en marcha y el impacto de las leyes nacionales. Como ha recordado, el nuevo modelo de oficina municipal se dirigiría a cubrir no solo servicios de la Administración de Justicia, sino también del conjunto de las administraciones públicas, y ha valorado sus beneficios para reducir la brecha territorial y digital.
Respecto a los sistemas de mediación para la resolución de conflictos, durante la Conferencia Sectorial se ha analizado la implantación del nuevo modelo que será obligatorio antes de acudir al menos menos a las jurisdicciones civil y mercantil.
En este punto, la consejera de Justicia de Cantabria ha informado que será necesario implantar unidades de apoyo en los juzgados para su desarrollo, un programa informático específico para estos expedientes e incluso la ampliación de los servicios de justicia gratuita para facilitar el acceso, lo que implica acometer otras reformas y cambios en estos procedimientos.
Por último, el Estado y las comunidades autónomas han analizado el desarrollo de los nuevos portales de información y acceso ciudadano, la redacción de los planes de igualdad en la Administración de Justicia y otros criterios comunes en materia de seguridad laboral.
