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El consejero ha participado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y en el Consejo Consultivo de Política Ambiental y se ha sumado a la postura común de las autonomías de mantener el compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Santander – 29.09.2021
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha participado hoy, por videoconferencia, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que ha estado presidida por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Teresa Ribera, y en la que se han debatido, entre otros asuntos, los anteproyectos de Ley Básica de agentes forestales y de Estatuto Básico del personal adscrito a los servicios de prevención y extinción de incendios forestales.
Blanco, al igual que los consejeros de otras comunidades autónomas, considera que hay determinado contenidos de ambos borradores del Ministerio que son “innecesarios”, al regular aspectos, como las fórmulas de acceso al empleo público, la condición de funcionarios y agentes de la autoridad de los agentes del Medio Natural, la salud laboral, la asistencia jurídica, la carrera profesional o la formación de ambos colectivos que ya están regulados en Cantabria por normativa regional.
Una situación que, en caso de plantearse regulaciones estatales, según el consejero cántabro, “solo generaría, al contrario de lo que se puede pretender, confusión e inseguridad jurídica”, a lo que hay que añadir, ha continuado, algunos otros contenidos que “podrían suponer, a nuestro juicio, una invasión de las competencias de auto-organización que corresponden a nuestra Administración”, algo que también han puesto de manifiesto los consejeros de otras comunidades autónomas.
También ha puesto de manifiesto que la regulación de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de los empleados públicos dependientes del Gobierno de Cantabria encuentran su acomodo en los procedimientos de consulta y negociación, a través de los órganos establecidos al efecto, con sus representantes sindicales y en el marco de la legislación básica en la materia ya existente.
En el caso de Cantabria, el consejero ha recordado que los agentes del Medio Natural y los bomberos forestales que integran las cuadrillas forestales, son empleados públicos adscritos e la Consejería de Medio Ambiente, Consejería que tiene atribuidas competencias en conservación y gestión de espacios naturales protegidos; flora y fauna silvestres; caza; pesca continental; gestión y ordenación forestal; prevención y lucha contra los incendios forestales; evaluación y calidad ambiental, así como la prevención, vigilancia y control de la contaminación del aire, el agua y los suelos, además de las autorizaciones, registros y documentos de control y seguimiento en materia de residuos y emisiones.
Tanto los agentes del Medio Natural, como funcionarios, como los bomberos forestales, como personal laboral, forman parte de la estructura orgánica y de la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería, forman parte del Operativo de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Cantabria junto con otros empleados públicos.
En este sentido, el consejero ha avanzado que la atribución de bomberos forestales a los agentes del Medio Natural, como ya ocurre ahora con los integrantes de las cuadrillas forestales, está prevista en una próxima modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería, por lo que todo el personal directamente relacionado con los trabajos de campo para la prevención y extinción de incendios forestales tendrá la condición de bombero forestal, con los efectos sobre cotización y edad de jubilación que están previstos en la normativa básica estatal.
Lucha contra el cambio climático y Estrategia Forestal Europea
Por otra parte, el consejero Blanco ha participado en el Consejo Consultivo de Política Ambiental para Asuntos Europeos y se ha sumado a la postura común de las comunidades autónomas de mantener el compromiso con la lucha contra el cambio climático y las acciones para mitigar las emisiones y fomentar la adaptación a los cambios de las condiciones ambientales.
Para ello, las comunidades han abogado por hacer hincapié en una “perfecta” coordinación entre los objetivos para el cumplimiento del objetivo climático de la Unión Europea para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática y la puesta en marcha de políticas adecuadas que tengan en cuenta la acción de los gobiernos regionales y locales, enfocadas a lograr dichos objetivos.
También han destacado la necesidad de un esfuerzo de transparencia y participación en la concreción de dicha coordinación y coherencia, de manera a que todas las administraciones implicadas en la consecución de los objetivos y en la implementación de las medidas puedan participar, conocer y asumir sus responsabilidades.
De igual modo, han reafirmado su compromiso de elaboración de políticas que permitan abordar la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero y llevar a cabo una transición energética socialmente justa que no deje nadie atrás.
La lucha contra la pobreza energética, la apuesta por nuevas inversiones en instalaciones bajas en emisiones de carbono, el desarrollo de políticas de compensación de costes, la puesta en marcha de planes sociales de acción climática para hacer frente a la elevación del precio de la electricidad y de la energía y el conocimiento por parte de las comunidades autónomas del método de cálculo del reparto de esfuerzos para cumplir los objetivos climáticos para 2030, son otros de los retos con los que se han comprometido las comunidades autónomas.
Los consejeros han coincidido en destacar la importancia de los usos de la tierra, el cambio de sus usos y la silvicultura en la lucha contra el cambio climático, así como el valor que ostentan los bosques y su reforestación como sumideros de carbono en áreas rurales, periurbanas y urbanas, resaltando la importancia de la Estrategia Forestal Europea recientemente adoptada por la Comisión.
La Estrategia Forestal de la Unión Europea contiene un conjunto de medidas para lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55 % de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050 en la Unión Europea, y tiene entre sus objetivos garantizar la multifuncionalidad de los bosques en todos sus aspectos ecológicos, económicos y sociales.
