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Santander – 19.01.2021
Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco han reclamado al Gobierno de la Nación que contemple las peculiaridades de las comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica a la hora de diseñar y aplicar la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo de programación 2023-2027.
Los consejeros de Desarrollo Rural de las cuatro comunidades autónomas -Guillermo Blanco (Cantabria), José González (Galicia), Alejandro Calvo (Asturias) y Arantxa Tapia (País Vasco) han firmado esta mañana, de manera telemática, un documento conjunto para expresar su postura común y reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que el Plan Estratégico Nacional de la PAC apoye y reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España.
En el documento manifiestan su preocupación por el diseño de las diferentes ayudas directas por parte del Ministerio, “prestando más atención a la agricultura que a la ganadería y acercándose más a los sistemas productivos del interior y del Mediterráneo que a los de la España húmeda”.
También han defendido la necesidad de impulsar la figura del agricultor genuino, incluir planes específicos para la ganadería extensiva y el sector lácteo y la importancia de consolidar un modelo de producción que compatibilice la rentabilidad de las explotaciones y genere actividad socioeconómica en el medio rural.
Tras la firma del acuerdo, “fruto del consenso y el diálogo entre todas las partes”, el consejero cántabro ha considerado necesario que España tenga en cuenta la especificidad para el sector agrario y el medio rural de las comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica y ha confiado en que el Ministerio incluya en el diseño y aplicación de la nueva PAC las peticiones que Cantabria, Galicia, Asturias y el País Vasco le harán llegar en el presente documento conjunto.
“Hemos querido reflejar lo que nos parece justo para dar más más fuerza a la voz de los ganaderos de la Cornisa Cantábrica en Europa. Queremos que la autovía de la PAC tenga una salida también para nuestros ganaderos y agricultores porque de momento no la tiene”, ha lamentado Blanco, quien ha
Se trata, en su opinión, de “un documento que recoge un acuerdo en lo necesario para cuatro comunidades autónomas que compartimos características muy similares y que por primera vez han firmado un documento que defiende los intereses del sector primario por encima de cualquier otra cosa”.
En este sentido, ha puesto en valor el consenso logrado entre cuatro comunidades autónomas que, a pesar de estas gobernada por partidos de distinta ideología política, han llegado a un acuerdo que prima los intereses de los ganaderos y los agricultores y que, en su opinión, “es un ejemplo del que deberían tomar nota los partidos políticos a nivel nacional”.
Ha insistido en que la decisión que toma Cantabria, al sumarse a este acuerdo “histórico”, es una reiteración de la defensa “férrea” del sector primario que el Gobierno regional viene realizando desde el comienzo de la presente legislatura y, más concretamente, desde el inicio de las negociaciones de la nueva PAC.
“Siempre que hemos tenido ocasión, hemos instado al Gobierno de España a que reclamara una PAC fuerte a Europa que tuviera en cuenta cuestiones de interés para Cantabria, como la defensa del equilibrio en la cadena de valor de los productos agroalimentarios, el mantenimiento y distribución de unos pagos directos más equilibrado, una defensa del modelo de explotación familiar y del agricultor genuino, la garantía del relevo generacional y la defensa de las zonas de montaña”, ha explicado Blanco.
Tras el encuentro telemático y en declaraciones a los medios de comunicación, Guillermo Blanco ha destacado el compromiso y el talante de todas las comunidades autónomas participantes en la firma por sacar adelante un acuerdo “fundamental” para lograr una PAC con recursos suficientes que, a su juicio, “permita atender las necesidades de la Cornisa Cantábrica”.
Ayuda básica a la renta y ayudas asociadas
Los consejeros de la Cornisa Cantábrica reclaman en el documento, entre otros aspectos, que en el reparto de la ayuda básica a la renta de los agricultores y ganaderos se tenga en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago “muy inferior” al promedio español.
En este sentido, piden que se corrija ese desequilibrio como paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie, por lo que consideran “inaceptable” que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas, una medida que consideran que beneficia más a las zonas del Mediterráneo.
Además, consideran “imprescindible” que en el diseño de las ayudas a la renta se reflejen a nivel nacional las diferentes realidades existentes desde el punto de vista agronómico y socioeconómico.
También piden que se mantengan las ayudas acopladas –las que se asocian a los diferentes sectores- destinadas a los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino, con una dotación, por lo menos, similar al periodo 2014-2020.
Igualmente, insisten en que el límite de ayudas (capping) se establezca en 60.000 euros por explotación y no entienden que estos mecanismos de control pasen a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.
Agricultor genuino y pago redistributivo
El documento firmado hoy también hace referencia a la propuesta del MAPA de definir al agricultor genuino con el establecimiento de un porcentaje mínimo de al menos un 30% de los ingresos agrarios sobre los totales, incorporando como novedad que se incluyan también en el concepto los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.
Consideran, además, “inadecuada” la propuesta del Ministerio de incluir a aquellas personas que perciben menos de un cierto volumen de ayudas directas, con independencia de ese peso de los ingresos en su renta. “Consideramos que desnaturaliza la propia definición de agricultor genuino”, señalan en el texto.
También muestran su desacuerdo con el hecho de que la aplicación del pago redistributivo deje de ser obligatoria para ser voluntaria y reclaman un presupuesto “ambicioso”, con un mayor pago a las primeras hectáreas para beneficiar a las pequeñas explotaciones, “aquellas con una dependencia significativa de los ingresos agrarios y siempre dando prioridad a los agricultores profesionales”, añaden.
Ecoesquemas
Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco aplauden en el documento que se destine el 20% de montante disponible para pagos directos a los ecoesquemas -la nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental-, si bien lamentan las propuestas para estos mecanismos aborden problemáticas y realidades productivas propias del centro y sur peninsular, “quedando la España húmeda mucho más desatendida”. Por todo ello, demandan la modificación de las propuestas del Ministerio y proponen añadir otros ecoesquemas adicionales para atender su realidad.
En cuanto al desarrollo rural, el segundo pilar de la PAC, la reclamación de las autonomías cantábricas pasa por un incremento de las asignaciones de los fondos europeos de, al menos, el 5%, y demandan que se recupere el equilibrio en la cofinanciación entre las aportaciones de la Administración estatal y de las comunidades autónomas, tras perderse en el periodo de programación 2014-2020.
Finalmente, consideran que el diseño de las intervenciones del segundo pilar debe ser realizado por cada comunidad autónoma, en función de la realidad y las necesidades específicas de su medio rural.
Fuente: www.cantabria.es
