Cantabria supera por vez primera los 6.000 empleos en el sector de los Servicios Sociales

Santander – 10.02.2021

El informe de impacto de la aplicación de la Ley de Dependencia sobre la creación de empleo en Cantabria, que elabora la Consejería de Empleo y Políticas Sociales con los datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), refleja el crecimiento sostenido de los puestos de trabajo en el sector de los Servicios Sociales hasta alcanzar y superar por primera vez las 6.000 afiliaciones a la Seguridad Social.

Salvo los años comprendidos entre 2011 y 2015, las actividades relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia y el desarrollo de los servicios sociales en la comunidad autónoma de Cantabria han sido una fuente de puestos de trabajo.

Así, el peso de este sector dentro del total de afiliaciones a la Seguridad Social ha pasado de un 1,56% en 2006, fecha de entrada en vigor de la Ley, al 2,83% a 31 de diciembre de 2020, lo que representa un crecimiento del 81,06%.

Desde el 30 de junio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2020 se han incorporado al sistema 2.589 personas, de ellas el 96,95% (2.510) han sido mujeres y un 3,05% hombres.

Si comparamos los cinco últimos años, entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 se observa cómo se han incorporado un total de 947 personas, con una proporción entre mujeres y hombres del 88,91% y el 11,09% respectivamente.

La mayor representación de mujeres en este tipo de actividades se traduce en que, como en los anteriores informes, de cada 10 puestos de trabajo en el sector de atención a la dependencia prácticamente 9 están ocupados por mujeres y 1 por hombres.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha querido poner de manifiesto la importancia de las políticas sociales para transformar la sociedad y su impacto también en la economía y, en este caso en la creación de puestos de trabajo.

“El dinero que va a la Dependencia y a los Servicios Sociales es una de las mejores inversiones que puede hacer la sociedad, que obtiene un doble beneficio: por un lado, un soporte de ayuda a la autonomía de personas dependientes y colectivos en situación de vulnerabilidad y, por otro, gracias a los puestos de trabajo que este sector es capaz de crear”, ha defendido Ana Belén Álvarez. 

Incremento de la inversión

Este crecimiento en la actividad de este sector se explica fundamentalmente por el desarrollo de la Ley de Dependencia, ya que no concurren otras causas que justifiquen los incrementos en el número de trabajadores ocupados en este sector, salvo la “voluntad firme” de este Gobierno por seguir apoyando a los colectivos más desfavorecidos y a nuestros mayores, a través de servicios de calidad.

Ejemplo de este compromiso son los presupuestos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que en lo que llevamos de legislatura se han visto incrementados en 12 millones de euros, pasando de los 226,5 millones a los 238,5 en 2021 lo que va a permitir mejorar y reforzar los servicios de dependencia y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Analizando según regímenes de la Seguridad Social se comprueba como prácticamente la totalidad de las afiliaciones están dentro del Régimen General, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la presencia del sector es muy escasa, con un número constante de afiliaciones en este régimen que va entre las 50 y las 60 personas. Lo que supone que esa representación haya ido disminuyendo paulatinamente pasando de ser del 2,65% en el segundo semestre de 2006 al 1,03% en la actualidad.

Para la elaboración del informe, que se puede consultar en la página de Servicios Sociales de Cantabria –wwww.serviciossocialescantabria.org-, la Dirección General de Políticas Sociales ha empleado la información facilitada por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), responsable de la producción y difusión de las estadísticas regionales sobre afiliación a la Seguridad Social en el último día del semestre para las actividades sanitarias y veterinarias, servicio social; asistencia en establecimientos residenciales y actividades de servicios sociales sin alojamiento.