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Santander – 08.05.2020
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha afirmado que su departamento ultima la aplicación de las medidas para reanudar la próxima semana de forma progresiva la actividad normal de los juzgados, centradas especialmente en dar seguridad a profesionales y usuarios y la potenciación de las herramientas tecnológicas de comunicación.
Fernández Viaña ha intervenido esta mañana en la reunión de coordinación con el Ministerio de Justicia para cerrar la orden ministerial del Esquema de Seguridad Laboral y el plan de desescalada, que se aplicará en todo el país, una vez consensuado con las comunidades autónomas con competencias en la materia.
Cantabria planea desarrollar el plan a nivel autonómico de forma “inmediata”, en cuanto sea publicada la normativa nacional, algo que está previsto para mañana, con el objetivo de que el martes, y una vez presentado a los colectivos de la región, pueda comenzarse la incorporación progresiva del personal y se apliquen las decisiones de carácter organizativo que permitan reducir el riesgo de exposición al contagio por coronavirus.
En su intervención en la reunión de hoy, ha valorado el trabajo de coordinación desempeñado por el Ministerio de Justicia, pero, en este punto, en la fase que comienza la aplicación efectiva de distintas medidas del plan de desescalada en el ámbito judicial, ha dicho que las administraciones y colectivos implicados deben “seguir adelante” conjuntamente y “no bajarnos de este tren ninguno”.
“Tenemos que decidir lo que hacer entre todos como hasta ahora, es importante poner la línea en el mismo punto y que no haya agravios comparativos” en cuanto a las medidas de prevención, seguridad y el desarrollo del plan de desescalada entre territorios test, ha defendido la consejera de Justicia, quien ha puesto de ejemplo la prescripción de los test de anticuerpos del COVID-19.
Con respecto a habilitar parte del mes de agosto, Fernández Viaña ha dicho que el real decreto- ley 16/2020 en materia procesal y organizativa de la Administración de Justicia reflejó las propuestas iniciales de las administraciones e instituciones implicadas, aunque ha instado a tomar otras decisiones “si no van a servir para el fin que fueron establecidas”.
Otra de las peticiones que ha lanzado Cantabria al Ministerio es dotar a las autonomías con competencias en la materia de fondos económicos suficientes para hacer frente a los gastos adicionales de la crisis sanitaria, entre los que ha citado mamparas, señalética, aforos y acondicionamiento de sedes judiciales, material de seguridad y limpieza. “Justicia se lleva gran parte del gasto por COVID-19 (…), un sobreesfuerzo que no hay en otros ámbitos y que ponen las comunidades autónomas” con competencias, ha reclamado Fernández Viaña.
Por otro lado, la Consejería de Justicia ha solicitado conocer con suficiente antelación la fecha definitiva para el levantamiento de los plazos procesales, con el objetivo de que la Administración judicial esté “preparada” y afronte el incremento de los asuntos “con suficientes medios” para profesionales y usuarios.
Plan de desescalada de Cantabria
Tras informar de las últimas propuestas a los operadores jurídicos regionales, Fernández Viaña ha avanzado su intención de convocar a los representantes sindicales este fin de semana para cerrar el plan de desescalada y recoger sus sugerencias en adaptación a la orden ministerial que será de aplicación, en principio, desde el martes, 12 de mayo.
Esta normativa regional se adaptará a la realidad de las sedes judiciales del territorio y detallará las decisiones de carácter organizativo que permitan reducir el riesgo de exposición al contagio, como es el caso del teletrabajo, y se regulará la incorporación progresiva del personal no afectado por ningún tipo de patología adicional, junto a la distribución de su horario a lo largo de la jornada laboral.
Con este objetivo, se establecerán diferentes fases en las que se incrementará de manera progresiva la presencia del personal funcionario en los diferentes centros de destino, hasta poder contar en la última fase con el cien por cien del personal operativo, y prever las condiciones en que, si resulta necesario para los fines de salud pública, se organicen turnos de tarde.
También se ultiman en estos momentos la implantación de las medidas preventivas adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y minimizar los posibles contagios, en relación con la protección colectiva, la organización del trabajo, la protección individual y el entorno físico del trabajo.
Cantabria ha elaborado un protocolo, en coordinación con la comisión de seguimiento, relativo a la obtención de cita previa para la atención al público en los casos en que resulte imprescindible acudir a las sedes judiciales. Este documento ha sido trasladado al resto de autonomías para facilitar su implantación y adaptación en sus respectivos territorios.
Fuente: www.cantabria.es
