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El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó este martes al Gobierno de España retirar las provisiones legales relacionadas con la interrupción del embarazo cuando se deba a una posible deficiencia fetal, así como retirar todas las disposiciones relativas a la eutanasia por motivos de discapacidad, dado que contribuyen “a crear un clima de estigma” contra los discapacitados que puede conducir a la discriminación.
Así lo recomienda en sus observaciones finales el Comité, que en su última sesión examinó a Cuba, Níger, Noruega, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Turquía y Vanuatu.
Del mismo modo, el grupo de expertos en derechos humanos pide “revisar y modificar todas las leyes, políticas y prácticas relativas a la prestación de servicios a las personas con discapacidad a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas”, de acuerdo con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Alienta también a garantizar la participación y las consultas con organizaciones de personas con discapacidad relacionadas con mujeres, niños, refugiados y solicitantes de asilo, integrantes del colectivo LGTBI, y personas con discapacidad psicosocial o con discapacidades intelectuales, auditivas o visuales, entre otras.
Menores y mujeres
En relación con los menores, piden adoptar medidas inmediatas para acabar con el internamiento de los niños con discapacidad a través de la elaboración y aplicación de una estrategia que promueva entornos familiares seguros y que cuente con apoyo comunitario, plazos específicos y un presupuesto asignado adecuado.
Además, pide el acceso universal a los servicios de atención primaria de salud para todos los menores con discapacidad y garantizar que puedan expresar libremente sus opiniones sobre todas las cuestiones que les afectan.
Asimismo, solicita al Estado Parte adoptar iniciativas para hacer frente a la violencia de género contra las mujeres con discapacidad psicosocial y para prevenir, investigar y reparar las violaciones de sus derechos humanos, y enjuiciar a los responsables.
Accesibilidad
Por otro lado, el Comité mostró su preocupación ya que actualmente sólo el 0,6% de los edificios estatales son accesibles, pese al compromiso de España de lograr la accesibilidad universal para finales de 2017. Destaca igualmente, que las medidas adoptadas para garantizar dicha accesibilidad, en particular de los edificios privados, han sido insuficientes o ineficaces.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo integran dieciocho expertos internacionales independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
