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Diego Blázquez, director general de Memoria Democrática del Gobierno de España, ha subrayado este martes que el propósito de la ley de memoria democrática no es “reabrir heridas, sino cerrarlas”, y que su aprobación busca contribuir a la divulgación sobre la “construcción de la democracia en España”.
Blázquez, quien junto a Zoraida Hijosa, directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, dirige el seminario de la UIMP ‘Las políticas públicas de memoria democrática’ ha incidido en declaración a los medios en que “los poderes públicos tienen la obligación de trasladar y facilitar conocimientos para superar la división básica que supone el ocultar, esconder o maquillar realidad”.
Por este motivo, el responsable de memoria democrática ha destacado que España, al igual que otros países con pasados complejos, debe abrir un debate sobre la Guerra Civil y el franquismo y abordarlo “con objetividad, con claridad y con honestidad”, ya que “aumentará la calidad democrática”.
Asimismo, Blázquez ha explicado que el curso se compone de un total de tres objetivos: situar la cuestión española desde una perspectiva internacional, tratar las principales herramientas relacionadas con el fomento de la memoria democrática y abordar el caso de España desde la óptica de la antropología forense.
“El contenido de este tipo de políticas se basa en cuatro principios: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, ha explicado. En cuanto a su incorporación al apartado educativo, ha recordado que la memoria democrática “ya está en la nueva Ley de Educación como un contenido”. “Cada vez hay más debate y mayor sensibilidad por parte de la sociedad española”, ha añadido.
Por otro lado, el director también ha hecho una breve descripción estadística del Plan Estatal de Exhumaciones, aprobado el pasado abril por unanimidad y que contará con una dotación de tres millones de euros anuales durante los próximos cuatro años. El número total de proyectos presentados hasta ahora es de 600, pero Blázquez ha explicado que “no todos se podrán llevar a cabo” por problemas técnicos o de viabilidad.
En este sentido, el director del curso ha apuntado que Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con más fosas identificadas (cerca de 300), y ha destacado un proyecto de exhumación en la provincia de Córdoba como el de mayores dimensiones planteado hasta el momento. Se trata, ha explicado, de una fosa con más de 4.000 cuerpos cuyo desenterramiento está previsto que se prolongue durante los cuatro años de duración del Plan. “Lo importante, no obstante, es la voluntad de sacarlo adelante que hay”, ha alabado.
Por último, Blázquez ha recordado que las instituciones “debemos ponernos de acuerdo para poner en marcha políticas que vayan a lo esencial”, recordando que una de las fortalezas de la Constitución de 1978 reside en el pluralismo político.
