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Santander – 03.06.2021
La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha defendido hoy ante los grupos parlamentarios que la coyuntura económica actual no es la más indicada para dotar al Servicio Cántabro de Salud (SCS) de medios autónomos en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio. “Estamos empezando a superar una pandemia que le ha costado a Cantabria 290 millones de euros en 2020”, ha manifestado la consejera. “Mantener la gestión compartida con la Administración General de la Comunidad Autónoma evita el elevado coste que generaría la transferencia de estas competencias”, ha indicado.
En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda en el Parlamento de Cantabria, Sánchez ha explicado que se mantendrá el modelo actual en el que la Administración General presta el apoyo necesario al Servicio Cántabro de Salud. “La transitoriedad inicial de la gestión compartida ha desembocado en un modelo eficaz, riguroso y eficiente”, ha matizado la consejera. En ese sentido, ha trasladado que se está estudiando la posibilidad de modificar la ley de creación del SCS para evolucionar hacia un modelo de gestión que “permita aprovechar al máximo las sinergias de los servicios transversales de la Administración General”.
Durante su exposición, María Sánchez ha desaconsejado abordar la transferencia de esas competencias en la situación actual. En primer lugar, porque se generaría un elevado coste de recursos humanos y económicos que no garantiza ninguna ventaja respecto a la situación actual. “Nuestra responsabilidad como gestores nos obliga a ser muy escrupulosos con las inversiones”, ha indicado.
Además, la consejera explicó que SCS tiene por delante otros desafíos mucho más trascendentes para la sociedad, como son el progreso hacia la inmunización de la sociedad o la gestión de los posibles rebrotes. “Dos circunstancias más importantes y más urgentes que disponer de medios propios para ejercer su autonomía”, ha matizado.
En ese sentido, la titular de Economía y Hacienda ha recordado el artículo 99 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que señala que “las leyes de creación de los organismos públicos impondrán la gestión compartida de todos o de algunos de los servicios comunes que sean prestados por los organismos públicos autonómicos, salvo que la no compartición se justifique en razones de eficiencia, de acuerdo a la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, o para salvaguardar la independencia del organismo de que se trate”.
Además, este artículo recoge que “tendrán la consideración de servicios comunes la gestión de bienes inmuebles, los sistemas de información y comunicación, la asistencia jurídica, la contabilidad y gestión financiera y la contratación pública”.
Igualmente, Sánchez ha explicado que el SCS dispone de autonomía en materia de contratación pública, información y comunicación, y en parte de su gestión financiera en lo que respecta a gestión económica.
Organismos Autónomos con sección presupuestaria diferenciada
Sin embargo, la consejera ha señalado que, en este caso, la cuestión reside sobre el Servicio Cántabro de Salud, pero puede ser “perfectamente extensible” al resto de Organismos Autónomos con sección presupuestaria diferenciada, con la excepción del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).
De esta manera, en las leyes de creación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Servicio Cántabro de Empleo (SCE), Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) e Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), se recoge una Disposición, que es transitoria en los tres primeros casos y adicional en el último.
El SEMCA es la única excepción a este planteamiento, aunque, tampoco es ajeno a la situación descrita anteriormente. De este modo, la consejera ha recordado la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria, se tiene en cuenta esta circunstancia sin establecer ningún régimen transitorio.
En definitiva, el propio SEMCA, se vincula directamente a los recursos de la Administración pública como vía para garantizar su gestión. “Esta argumentación justifica la situación actual por la que no es el momento de dotar de esos medios al Servicio Cántabro de Salud”, ha concluido María Sánchez.
