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La Junta de Gobierno Local ha adoptado este acuerdo ante la imposibilidad material de continuar con el proyecto inicial
- La resolución del contrato se suma a la penalización impuesta a la empresa por incumplir la obligación de mantener activadas las alarmas
- El Consistorio tiene ya un nuevo proyecto para la rehabilitación integral del edificio en el que se están incorporando las observaciones planteadas por la Comisión de Patrimonio Inmueble del Gobierno regional
La Junta de Gobierno Local de Santander ha acordado este viernes resolver el contrato suscrito con SIEC para las obras de accesibilidad del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), una vez finalizada la tramitación del expediente de resolución del contrato sin que la empresa haya presentado alegaciones.
Según ha explicado la concejala de Cultura, Miriam Díaz, la decisión se adopta ante la imposibilidad material de continuar con los trabajos previstos en el proyecto inicial, que quedaron suspendidos tras el incendio del museo en noviembre de 2017.
La resolución del contrato se suma a la penalización económica impuesta ya a la empresa por incumplimiento del contrato en lo que respecta a la obligación de mantener activadas las alarmas durante las obras.
La concejala ha señalado que tras el incendio del MAS se analizó el estado del edificio y se constató la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato existente con SIEC en las condiciones inicialmente acordadas y la necesidad de redactar un nuevo proyecto, de mayor envergadura, para la rehabilitación integral del inmueble.
El Ayuntamiento tiene ya redactado ese proyecto –que prevé una inversión de alrededor de 3,8 millones de euros- y está trabajando junto a los técnicos para incorporar las observaciones planteadas por la Comisión de Patrimonio Inmueble del Gobierno de Cantabria cuando informó a finales de febrero el proyecto remitido por el Ayuntamiento al Ejecutivo seis meses antes.
La voluntad del equipo de gobierno municipal es tener el proyecto definitivo cuanto antes para agilizar los últimos trámites y licitar los trabajos a la mayor brevedad.
Díaz ha recordado que a raíz del incendio del MAS el Ayuntamiento abrió expedientes tanto a SIEC como a Codelse (encargada del mantenimiento de las alarmas municipales) por incumplimientos de sus respectivos contratos.
La investigación municipal encargada tras el suceso concluyó que durante las obras que se ejecutaban en el edificio se desactivaron las alarmas antiincendios y los sensores de humo sin conocimiento previo ni autorización alguna por parte del Consistorio.
Además, los informes de los técnicos señalaban que la desactivación de esos dispositivos mermó la posibilidad de reaccionar y pudo agravar los daños ocasionados por el fuego que, a la llegada de los bomberos, estaba completamente desarrollado.
Los informes emitidos por los distintos departamentos municipales responsables de los contratos indicaban que SIEC, como contratista de las obras, tenía la obligación de mantener operativos durante los trabajos los sistemas de seguridad del edificio en materia de detección de incendios y robo.
Sin embargo, en el momento del incendio no estaban operativos ni los sensores de humo ni las alarmas antiincendios.
Codelse, por su parte, como responsable del mantenimiento de dichos sistemas de seguridad, debía emitir informes mensuales de sus tareas y comunicar cualquier incidencia al Ayuntamiento, obligaciones que tampoco se cumplieron por parte de la empresa.
En consecuencia, se considera que ambas empresas incurrieron en incumplimientos muy graves de sus respectivos contratos que motivan la tramitación de los correspondientes expedientes.
En el caso de SIEC, se impuso una penalización económica de 46.000 euros (el 10 % del importe del contrato), a la que se añade ahora la resolución del contrato.
Por su parte, a Codelse se le impuso una penalización económica de 1.138 euros (el 10% del contrato) por incumplimiento del primero de sus contratos (el que terminó el 20 de julio de 2017) y tiene abierto un expediente para resolver el contrato vigente desde el 21 de julio de 2017.
