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La concejala de Medio Ambiente ha explicado que, una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado, que se registró en el Ayuntamiento con fecha 18 de septiembre, se iniciaron todos los trámites para cumplir con sus indicaciones, que se llevarán a cabo “con la mayor agilidad posible”.
Rojo ha asegurado que el Ayuntamiento “está trabajando con rigor, con diligencia y con transparencia” y, según ha dicho, “lo lleva haciendo así desde el principio del proceso, dando pasos firmes para garantizar la seguridad jurídica del mismo”.
Por ello, la edil ha hecho hincapié en que desde el Ayuntamiento se requiere diariamente a la empresa adjudicataria del cumplimiento estricto del contrato y ha indicado que, precisamente, ese seguimiento ha permitido detectar los “reiterados incumplimientos” que han dado lugar a la propuesta de resolución del mismo.
Rojo ha recordado que el expediente de resolución del contrato arranca desde la Concejalía de Medio Ambiente y se recoge en el plan de acción aprobado por la Alcaldía, a resultas del informe de fiscalización del contrato elaborado por la Intervención municipal.
Ha subrayado, además, que ya en los años 2014 y 2015 se impusieron las primeras penalizaciones, que la empresa concesionaria recurrió ante los juzgados, y que, en todos los casos, fueron confirmadas por los tribunales.
Además, desde 2018, se han tramitado otros 21 expedientes de penalización, como resultado de los informes que ha ido emitiendo la empresa de control. En la mayoría de estos casos, la concesionaria también presentó recursos judiciales que, de nuevo, dieron la razón al Ayuntamiento en su proceder.
“Consideramos, por tanto, que queda claro en el expediente de resolución del contrato que su ejecución no ha sido pacífica, como alegaba la empresa, puesto que ya prácticamente desde su inicio, el Ayuntamiento detectó y sancionó incumplimientos que han sido ratificados por el Consejo de Estado”, ha añadido Rojo.
