El Gobierno aprobará esta semana el anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria

Santander- 03.12.2019

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha anunciado hoy que el Consejo de Gobierno de Cantabria aprobará en su reunión de esta semana el anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de la Comunidad Autónoma con la que la Consejería de Pesca pretende llenar un vacío legislativo que existía en la región desde que se asumió las competencias en esta materia.

Tal y como ha explicado Blanco, quien ha estado acompañado en su comparecencia por la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, y el presidente de la Federación de la Cofradía de Pescadores de Cantabria, Miguel Fernández, “se trata de una ley muy esperada, ya que han sido varios los intentos que se han hecho para su tramitación y, sobre todo, muy deseada ya que somos la única comunidad autónoma costera que no dispone, a fecha de hoy con una norma con rango de ley de este tipo”.

El consejero ha confiado en que la nueva normativa vea la luz en los próximos meses con la aprobación de la mayoría de los grupos políticos del Parlamento, tras “mucho trabajo previo” que se ha realizado en los últimos tres años con procesos de información y consultas previas directamente al sector profesional de la pesca.

“Es un texto básico que goza del beneplácito del sector y es muy necesario para el desarrollo de todas las actividades pesqueras de Cantabria”, ha afirmado Blanco, quien ha insistido en que todos los pasos que va a dar la Consejería a favor del sector se van a dar siempre de la mano del sector porque “los profesionales son los que mejor entienden las necesidades del sector”.

Ha considerado que este nuevo texto legal va a arropar a todos los ámbitos relacionados con las actividades pesqueras, ofreciendo un entorno más seguro a un sector que constituye “un gran motor en el empleo de muchas zonas costeras y que ha sufrido drásticos cambios en poco tiempo y que afectan a la conservación de los recursos marinos, el reparto de cuotas de pesca, el mercado común y todas las políticas integradas de pesca a nivel europeo”.

En este sentido, ha indicado que esta nueva normativa contribuirá a que el sector pesquero siga siendo uno de los principales motores económicos de la región, con una de las flotas más jóvenes y competitivas del país formada por 133 barcos y 805 tripulantes, entre los que destacan los de artes menores con un gran impacto en costeras como la de la anchoa, el verdel o el bonito.

A todo ello hay que añadir la actividad derivada del sector acuícola, como una de las empresas más punteras en cultivo marino en ecológico de Europa o el tradicional sector marisquero, destacando la actividad conservera, que representa un gran motor para el empleo femenino de los municipios y la fijación de población y dinamización en esas zonas de la región.

Por su parte, la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, ha destacado la importancia de esta norma por la seguridad jurídica que va a aportar con un marco de trabajo “mucho más ágil y seguro para todos”.

Finalmente, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, Miguel Fernández, ha puesto en valor la iniciativa del consejero Blanco y de su equipo a la hora de impulsar este anteproyecto de Ley porque va a dar respuesta a una demanda que tiene el sector desde hace años y que, en su opinión, “nos va a permitir trabajar en las mismas condiciones que los pescadores de otras comunidades autónomas que ya cuentan con normativas de este tipo”.

Contenido

Con el fin de lograr una reglamentación pesquera ordenada, sistemática y coherente, el anteproyecto de Ley de Pesca se ha articulado en torno a los principios básicos que rigen el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en el marco del derecho a un medio ambiente adecuado y en los deberes de conservación y uso racional de los recursos naturales.

Estructura en 119 artículos, el texto determina las diferentes tipologías de zonas de protección de los recursos marinos de la región, su clasificación y la forma de declaración de las mismas, así como el procedimiento para la aprobación de los planes de recuperación y gestión de recursos y los contenidos mínimos que deben disponer.

También describe las condiciones que deberán cumplir los profesionales para realizar actividades extractivas, tanto pesqueras, como marisqueras y de explotación de algas. De igual forma, regula los establecimientos de acuicultura, definiendo los diferentes títulos habilitantes necesarios para dedicarse a esta actividad, incluidas las que tengan fines de investigación y desarrollo.

La nueva normativa establece las condiciones de funcionamiento de pescadores y su Federación y de las organizaciones de productores, así como los procedimientos para la gestión de buques pesqueros con puerto base en Cantabria, que incluyen las autorizaciones necesarias para la construcción de nuevos buques y la reforma y modernización de los ya existentes.

En cuanto a la comercialización de los productos pesqueros, el texto regula el desembarco de las capturas y los lugares donde pueden efectuarse; el control de las capturas; su primera venta; el transporte, y la comercialización hasta el consumidor final.

También determina los sectores sobre los que se tiene competencia de formación náutico profesional y recreativa bajo el paraguas de la normativa estatal, así como la necesidad de que los centros de enseñanza náutico pesqueras estén autorizados para el desempeño de la actividad formativa.

El buceo, tanto en su vertiente formativa como en su práctica profesional y recreativa, viene regulado en este anteproyecto de Ley, estableciendo la competencia para la expedición de los títulos de buceo y los requisitos que han de cumplir los centros donde se imparte esta formación.

Además, regula la capacidad de inspección y vigilancia de los inspectores de pesca, estableciendo que tendrán la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y el régimen sancionador de las materias que regula, determinando la tipificación de las infracciones, la descripción de las sanciones imponibles y los criterios de graduación y la asignación de las competencias a los órganos de la Administración para su imposición.