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Santander - 17.04.2020
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha valorado el incremento de la actividad en los juzgados y tribunales de Cantabria desde el pasado miércoles, acordada por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permite la presentación de escritos judiciales por vía telemática y el incremento de las notificaciones electrónicas.
También, ha avanzado la apertura de una ronda de reuniones para desarrollar y adaptar a nivel regional el plan de choque para hacer frente al incremento de asuntos cuando concluya el estado de alarma.
Fernández Viaña, que ha participado hoy en la reunión de coordinación presidida por el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, ha recordado que retomar la actividad, además de los servicios esenciales, fue una de las propuestas que realizó Cantabria en el encuentro celebrado el 3 de abril, con el fin de “hacer frente cuanto antes al incremento de los procedimientos cuando se levante el estado de alarma y normalizar la actividad judicial”.
Asimismo, ha informado que las últimas resoluciones ministeriales y las normas del Ejecutivo regional han sido abordadas y coordinadas por el Gobierno cántabro en el seno de la comisión de seguimiento de justicia, – formada por representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Fiscalía y profesionales ¿.
En opinión de la titular de Justicia, la apertura de un escenario de mayor actividad judicial es “imprescindible” como “primera medida” de agilización procesal, sin que ello suponga un incremento importante del personal presencial destinado a los juzgados y tribunales, ni la reactivación de los plazos procesales suspendidos por el estado de alarma.
2.500 documentos telemáticos en dos días
En concreto, Fernández Viaña ha informado que, para dar respuesta a esta mayor actividad en los juzgados, ha aumentado el número de funcionarios que desarrollan su labor de forma presencial en los órganos judiciales cántabros, que ha pasado de un 7 a un 22 por ciento de efectivos. Así, unos 145 empleados públicos ¿ antes eran 50 - prestan ahora su servicio en la modalidad presencial por turnos para asegurar los servicios esenciales y las comunicaciones telemáticas reactivadas el pasado 15 de abril.
Paralelamente, se ha incrementado de forma “importante” el flujo de las comunicaciones telemáticas. Solo en dos días, desde que se permite la presentación de escritos por el sistema de gestión procesal autonómico ’Vereda’, los profesionales han presentado más de 2.500 documentos y los órganos judiciales ha podido liberar más notificaciones “permitiendo ir retomando poco a poco la actividad laboral” de abogados, procuradores y graduados sociales.
Al mismo tiempo, para dar respuesta al incremento del trabajo judicial, la consejera ha informado que su departamento potenciará la modalidad de teletrabajo entre los funcionarios. Con este fin se habilitarán hasta 650 licencias para desarrollar la labor desde los domicilios, en régimen voluntario. Además, el Gobierno regional ha reforzado los sistemas de videoconferencias y comunicaciones con la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar el traslado de las personas detenidas a los juzgados de guardia.
Ronda de reuniones
La consejera ha anunciado que el Gobierno cántabro comenzará ahora una ronda de contactos con los operadores jurídicos con el fin de recabar sus aportaciones para abordar el futuro plan de choque que necesitará el funcionamiento de juzgados y tribunales.
Según ha dicho, es importante las aportaciones y sugerencias “de todos” los colectivos implicados en la justicia para que el plan de choque de medidas organizativas, tecnológicas y normativas que prepara el Ministerio a nivel nacional “responda a las especificidades de la Administración judicial cántabra y cuente con el máximo consenso”.
En este objetivo, ha destacado las aportaciones que el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, ha dirigido ya a la Consejería de Justicia y que incluyen las propuestas de agilización procesal que ha impulsado el Consejo General de la Abogacía.
En su opinión, el Gobierno cántabro y el resto de colectivos implicados “debemos de estudiar las medidas necesarias para la reactivación por fases de la Administración judicial en la región”.
Según ha declarado, esta reactivación deberá de cumplir “dos condiciones imprescindibles”, como son la protección de la salud de los empleados públicos y de todos los profesionales que intervienen en la justicia, así como propiciar la ”reactivación económica del sector para aminorar el impacto de la crisis sanitaria”.
En este sentido, Fernández Viaña ha lamentado el daño que ha supuesto la paralización de la actividad a todos los operadores jurídicos, entre los que ha destacado especialmente a los abogados, procuradores y graduados sociales.
Por último, respecto a la protección del personal de justicia, ha agradecido al ministro la dotación de material recibida, pero ha dicho que todavía es “escasa” y sólo posibilita que un funcionario por órgano judicial cuente con los equipos adecuados. “Queremos que los empleados públicos trabajen con total seguridad”, ha defendido la consejera cántabra, quien ha pedido al Ministerio la llegada del material necesario para reforzar este aspecto.
Fuente: www.cantabria.es
