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La Intervención General será la encargada de ejercer esta labor de supervisión y podrá formular recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y de gestión económica.
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha publicado una orden en la que establece un sistema de supervisión continua que permitirá reforzar el seguimiento y los controles ya existentes sobre las entidades del sector público institucional.
“Se trata de un nuevo instrumento que contribuirá a la mayor eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos”, ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, en un comunicado tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
En concreto, a través de este sistema de supervisión continua, la Intervención General de la Comunidad Autónoma controlará la actividad económica-financiera del sector, verificando, entre otras cuestiones, su sostenibilidad financiera, así como el cumplimiento de los fines que justificaron su creación.
Para ello, según establece la orden elaborada por Economía, las entidades del sector público deberán remitir una memoria anual y un informe sobre las fuentes de financiación de los gastos y de las inversiones del organismo o entidad, así como su incidencia, en su caso, sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
En el caso de los entes que tengan la consideración de Administraciones Públicas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, deberán facilitar el cálculo de su necesidad de financiación, y aquellos que no tengan la consideración de Administración Pública, deberán enviar el importe de su resultado bruto de explotación en el mismo periodo.
El resto de entidades deberán remitir información relativa a las previsiones específicas sobre sostenibilidad financiera que les sean aplicables y, en su defecto, sobre su capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial que les resulten aplicables.
Tras ello, la Intervención General presentará un informe resumen global de valoración en el que quedarán plasmadas las principales conclusiones. De este modo, la Intervención podrá valorar la formulación de recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, así como de gestión económica, presupuestaria y financiera, de recursos humanos y materiales, y de gestión compartida.
Según ha destacado Ana Belén Álvarez, este nuevo sistema de supervisión continua servirá para “reforzar los controles ya existentes” y se regirá por los principios de “autonomía e independencia”, siendo ejercidos por la Intervención “con plena autonomía” respecto de los organismos y entidades objeto del control”.
Consejo de seguimiento
Con la publicación de la orden que regula el control de eficacia y supervisión continua, el Gobierno da un paso adelante en el desarrollo de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma, que prevé este mecanismo de control, así como el Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico.
En este sentido, el Gobierno de Cantabria está trabajando en el desarrollo de la creación de este Consejo que se encargará de llevar a cabo un análisis de la actividad desarrollada por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones y demás entes del sector público institucional autonómico de acuerdo con su plan de actuación, los principios y objetivos consagrados en su norma de creación, su presupuesto, informes de gestión y los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y administración.
Este órgano estará formado por los titulares de la Consejerías a las que estén adscritas las entidades o las personas en quien deleguen, uno de los cuales ejercerá la Presidencia; un funcionario con competencias en materia jurídica, que actuará como Secretario, y un representante elegido por cada uno de los grupos parlamentarios.
Además, formarán parte de este órgano, dos vocales de entre los candidatos presentados por las organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiéndose presentar un candidato por cada una de ellas, un vocal de entre los candidatos presentados por la organización empresarial más representativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria y un vocal de entre los candidatos presentados por la Universidad de Cantabria
