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Santander- 26.05.2021
El Gobierno de Cantabria ultimará con los colegios profesionales de Abogados y Procuradores el texto del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que en el plazo de un mes se someterá a información pública para abrir el proceso general de alegaciones y recabar más opiniones.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha decidido así contar “desde el inicio” con la opinión y participación de abogados y procuradores, que son “los principales implicados en mantener la actividad del turno de oficio y asegurar el buen funcionamiento del sistema”, que garantiza el acceso a la justicia y que nadie se quede sin defensa jurídica por razones económicas.
Tras reunirse con los decanos de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díaz, respectivamente, la consejera de Justicia ha señalado que el nuevo decreto tendrá como objetivos fundamentales establecer una normativa que garantice una adecuada gestión, control, supervisión y abono de la justicia gratuita y, por otro lado, incrementar y dignificar el servicio del turno de oficio que prestan los profesionales respecto a la situación actual.
El sistema de asistencia jurídica gratuita está regulado por un decreto autonómico de 2008, que ahora se verá actualizado con las reformas habidas durante este tiempo, los nuevos baremos retributivos y una mejora de la actual gestión de los expedientes, que se realizan a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Como valoración inicial del decreto, los decanos han destacado la apuesta del Gobierno de Cantabria por la justicia gratuita y el compromiso de todos por mejorar la gestión del turno de oficio, si bien, han señalado que ahora procede estudiar en detalle el texto normativo para realizar las primeras alegaciones y poder mejorarlo.
Andrés de Diego ha opinado que es un texto “amplio, exhaustivo y trabajado” y Rosaura Diez ha valorado la mejora de la asistencia, pero ha defendido incluir una serie de “retoques y matizaciones” de cara a mejorar estos servicios.
Por último, ambos han coincidido en la necesidad de actualizar “sustancialmente” las compensaciones que reciben los profesionales por el turno de oficio, que son “escasas”, y que están, según han apuntado, por debajo de lo que reciben los profesionales de otras comunidades autónomas.
Cantabria destinó el último año 2,2 millones de euros a la gestión de la asistencia jurídica gratuita, una cifra algo inferior a la de anteriores ejercicios, principalmente, por la reducción de los procedimientos judiciales iniciados por el estado de alarma y la pandemia.
Además del turno de oficio, otros servicios prestados en el ámbito del servicio de justicia gratuita son la asistencia letrada al detenido y el de violencia de género.
En la reunión entre el Gobierno autonómico y los colegios profesionales también ha participado el director general de Justicia, Pablo Ortiz.
