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Pide al Gobierno de Cantabria tramitar de forma anticipada las ayudas a las personas en situación de vulnerabilidad.
Reclama la transferencia a la comunidad autónoma de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
La presidenta del PP preguntará a Revilla en el pleno qué va a hacer el Gobierno ante el aumento de la pobreza en Cantabria.
El Partido Popular propone aprobar un Plan de Acción para la Inclusión Social en Cantabria que incluya líneas estratégicas y objetivos de actuación de todos los departamentos del Gobierno (empleo, industria, comercio, educación, sanidad, servicios sociales, etc.), en coordinación y con la colaboración de las entidades públicas y privadas que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, para conseguir reducir la tasa de pobreza en Cantabria en al menos 40.000 personas en los próximos tres años.
Esta propuesta está recogida en la moción que el Grupo Popular ha registrado en el Parlamento de Cantabria y que defenderá en la próxima sesión plenaria, el 3 de noviembre, después de haber interpelado a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno de Cantabria para revertir el aumento del número de cántabros en situación de pobreza que reflejan los informes de Cáritas, de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
En la misma sesión, la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, preguntará al presidente de la comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla, qué medidas tiene previsto poner en marcha su Gobierno ante el aumento de la pobreza en Cantabria.
La diputada del PP, Isabel Urrutia, quien defenderá la propuesta del PP, ha lamentado que la consejera no diera respuesta a su interpelación, demostrando que la coalición PRC-PSOE no tiene prevista una política para revertir esos datos ni plan de futuro para los cántabros, y le ha instado a ponerse a trabajar o, de lo contrario, cada vez habrá más personas en situación de vulnerabilidad en Cantabria.
Urrutia ha recordado que, según el informe anual de EAPN 2021, la tasa ‘Arope’ ha crecido un 22% en el último año en la comunidad autónoma y ha pasado del 19,4 de 2019 al 23,7% en 2020. Un aumento que, según ha dicho, supone que de 2015 a 2020 la tasa ‘Arope’ ha aumentado en un 16,2% y que hay 20.000 personas más en riesgo de pobreza.
Para la diputada, estas cifras, que sitúan a Cantabria a la cabeza en aumento de los indicadores de pobreza en España, prueban que “el único legado de la política de socialistas y regionalistas en Cantabria es más pobreza, más paro y ninguna política de activación” y que “las políticas de izquierdas sí han dejado a más gente atrás”, algo que ha contrastado con otras formas de hacer, como la política que ha implementado Andalucía, que bajando impuestos y creando empleo ha reducido exponencialmente la tasa de pobreza.
“Un Gobierno que da ruedas de prensa con el aumento del dinero que destina a la Renta Social Básica ha fracasado, porque lo importante es ofrecer oportunidades a las personas que la cobran para que no lo necesiten”, ha abundado Urrutia.
Por ello, desde el PP se reclama la puesta en marcha de un Plan de Acción para la Inclusión Social como el que Cantabria aprobó en el año 2014 y que regionalistas y socialistas guardaron en un cajón cuando llegaron al Gobierno en 2015. Aquel plan, según ha recordado Isabel Urrutia, era fruto del trabajo y esfuerzo conjunto de los técnicos y funcionarios de las diferentes consejerías para reducir en 20.000 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
En su iniciativa, los populares también piden al Gobierno de Cantabria tramitar de forma anticipada todas las convocatorias de ayudas que tengan como objetivo la inclusión social de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, y le instan a dirigirse al Gobierno de la Nación para que transfiera a la comunidad autónoma la gestión del Ingreso Mínimo Vital con la finalidad de coordinar la tramitación de ambas ayudas sin que los solicitantes tengan que duplicar procedimientos y agilizar la gestión, tramitación y concesión del mismo.
