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Isabel Urrutia denuncia que, con la puesta en marcha del IMV, el Gobierno de España ha hecho saltar por los aires un sistema público de servicios sociales autonómico que funcionaba de forma cohesionada y eficiente
La diputada regional pide mayor coordinación en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Básica, dos prestaciones incompatibles entre sí
Afirma que la burocratización desorbitada está afectando a las familias que peor lo están pasando
El Partido Popular ha reclamado hoy al Gobierno de Cantabria que exija al Gobierno de España la gestión autonómica y la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una gestión a realizar por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), como ya se hace con otras prestaciones.
En una rueda de prensa en la que ha hecho balance del primer año de la entrada en vigor del IMV en Cantabria, la diputada regional y ex directora del ICASS, Isabel Urrutia, ha defendido que el traslado de la gestión del IMV a la comunidad autónoma es necesario para mejorar la coordinación y la celeridad en la tramitación, con la reducción de burocracia y trabas administrativas que están afectando a las familias que peor lo están pasando.
Urrutia ha denunciado que, con la puesta en marcha del IMV en Cantabria, el Gobierno de España ha hecho saltar por los aires un sistema público de servicios sociales autonómico que funcionaba de forma cohesionada y eficiente; y ha criticado la falta de coordinación entre el Ministerio y el Gobierno de Cantabria, en este caso la Seguridad Social y el ICASS que son los organismos que lo gestionan, incapaces de ponerse de acuerdo para el cruce de datos.
“En este país y con las políticas de izquierdas hemos pasado de atender a las personas en situación de vulnerabilidad a demonizar y controlar a las familias y personas en situación de emergencia social, con una burocratización desorbitada”, ha dicho la diputada.
Urrutia ha explicado que en Cantabria estaba regulado por la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales el derecho a la Renta Social Básica (RSB), una renta mensual para las personas y familias en situación de vulnerabilidad en la comunidad autónoma que es similar e incompatible con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España. Una circunstancia que ha generado problemas en la gestión diaria de ambas prestaciones.
Así, según ha detallado, todos los beneficiarios que en junio de 2020 tuvieran concedida una Renta Social Básica tuvieron que solicitar el Ingreso Mínimo Vital, ya que es la opción prioritaria por la que deben optar las personas que carecen de recursos económicos, si bien siguieron cobrando la mensualidad de la RSB que les correspondía hasta la concesión del IMV, que de media tarda de 9 a 10 meses en resolverse.
El problema se presenta porque la concesión del IMV tiene carácter retroactivo, es decir la administración debe abonar las mensualidades que el beneficiario hubiera cobrado de haber resuelto en el momento de la solicitud, y al tiempo, para evitar duplicidades, el beneficiario tiene que devolver lo que ha cobrado durante ese periodo de RSB, algo que muchos de los perceptores desconocen según ha advertido la diputada.
Urrutia ha indicado a modo de ejemplo que puede haber personas y familias en situación de vulnerabilidad a las que se les conceda una mensualidad de 600 euros de IMV y que podrían cobrar de golpe más de 6.000 euros correspondientes a los diez meses en que ha tardado en resolverse su solicitud, pero que tienen que devolver al Gobierno de Cantabria la RSB que han estado cobrando durante ese tiempo y que puede ascender a los 10.000 euros.
La diputada popular ha criticado que la Administración regional no ofrezca a los afectados un procedimiento simplificado para llevar a cabo esa devolución, además de no iniciar el reclamo, con el riesgo de que ese dinero no se devuelva y produzca intereses a favor de la Hacienda pública autonómica.
Urrutia ha señalado además que la Administración regional no puede controlar si hay o no beneficiarios de la prestación estatal cobrando indebidamente y a la vez la prestación autonómica, porque son los propios beneficiarios quienes tiene que notificar al ICASS la concesión del Ingreso Mínimo Vital.
En este sentido, también ha criticado que a quienes desde junio de 2020 han querido solicitar la Renta Social Básica se les exija demostrar ante el ICASS que han solicitado a la vez el Ingreso Mínimo Vital y comunicar si les ha sido denegado o aprobado. “En pleno siglo XXI, cuando a la mayoría de los ciudadanos se les exige relacionarse con la Administración de forma electrónica, quienes no se conectan entre sí, son las propias administraciones”, ha sentenciado.
Además, ha indicado que los beneficiarios de la Renta Social Básica realizan el doble de tramitación ahora para cubrir sus necesidades, porque tienen que solicitar las dos prestaciones a la vez y en distintos departamentos, ya que son dos prestaciones incompatibles y tiene prioridad el Ingreso Mínimo Vital.
Al hilo, ha informado de que recientemente beneficiarios de la RSB han recibido un requerimiento en el que se les exigía, en el plazo máximo de 10 días, demostrar ante el ICASS que habían solicitado el IMV para que el Gobierno de Cantabria no suspendiera o incluso extinguiera el pago de su Renta Social Básica.
Por todo ello, la diputada ha dicho que es necesario coordinar estas dos ayudas que confluyen, algo que se solucionaría con el traslado de la gestión del IMV a la comunidad autónoma, como lo hacen otras autonomías y al igual que se gestionan otras prestaciones de la Seguridad Social como la pensión no contributiva.
Isabel Urrutia ha lamentado que en los peores momentos de recesión económica y social, para poderse hacer “una foto”, el Gobierno de España se empeñase en competir con las comunidades autónomas para ver quién podía hacer más, haciendo saltar por los aires el sistema público autonómico de atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Y ha censurado que no exista ninguna política de inserción aparejada a ambas prestaciones, que se han convertido en dos medidas de pago y de gestión. “En Cantabria finalizó el Plan de Emergencia Social hace meses y este Gobierno ni ha aprobado uno nuevo ni se ha puesto a trabajar en un Plan de Inclusión Social como le ha solicitado el Partido Popular”, ha dicho.
