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Los regionalistas consideran que, en la actualidad, se ha pasado de la ocupación “por necesidades personales” a la de “intencionalidad delictiva o cuasi-delictiva”.
El Grupo Parlamentario Regionalista defenderá hoy lunes en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para instar al Congreso de los Diputados a que realice una serie de modificaciones legislativas que contribuyan a atajar la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles, que están pasando de ser “por necesidades personales” a “con intencionalidad delictiva o cuasi-delictiva”.
Así se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa a la que pondrá voz la diputada regionalista, Rosa Díaz, quien ha lamentado que la última reforma del Código Penal que introdujo el delito de usurpación de inmuebles, para aquellos supuestos de ocupación de inmuebles “que no constituyan morada y contra la voluntad de sus titular” y unas penas de 3 a 6 meses, haya “servido de poco”.
Por ello, los regionalistas plantean la necesidad de acometer una serie de modificaciones en varias leyes “para garantizar el derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda”.
Los cambios afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Código Penal, a la Ley sobre propiedad horizontal, a la Ley de Bases de Régimen Local y a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
En el Cógido Penal, proponen cambiar los artículos 245 y 269 para endurecer las penas por el delito de usurpación, que pasarían a entre 3 y 5 años; en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, piden que se contemple que la Policía pueda desalojar la vivienda en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas; y en la Ley sobre ropiedad horizontal, plantean que a las comunidades de propietarios se les habilite como personas jurídicas “para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.
Igualmente, en la Ley de Bases de Régimen Local, incluyen una nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, con lo que los ayuntamientos “darán de baja de oficio o a instancias del propietarios o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello”; y, por último, en la Ley del Tribunal del Jurado, modifican el artículo 12 “para eliminar el delito de allanamiento de la lista de los sometidos a este procedimiento y mejorar, con ello, la rapidez y agilidad de la solución de los conflictos en la materia”.
Los regionalistas apuntan que, en la actualidad, cada vez se dan más situaciones de inquilinos que no pagan y se niegan a abandonar las viviendas y personas que ocupan viviendas vacías “con ánimo de permanecer en ellas sin contribución alguna a sus propietarios”.
Una situación que, según el PRC, se ha “agravado” con la llegada de “mafias” que “alquilan” las viviendas a “personas de buena fe” o que “chantajean” a los propietarios “a cambio de compensaciones para recuperar sus propiedades”.
“Son contra este tipo de colectivos que, en muchas ocasiones, provocan situaciones muy complicadas en la convivencia vecinal ante los que tenemos que actuar y los que más nos preocupan, por los problemas que causan a los legítimos propietarios”, ha sostenido Díaz.
En su opinión, todo parece indicar que la situación “no va a mejorar” y las alternativas legales con las que se cuenta, tanto en la vía penal (delito de usurpación) como en la civil (desahucio precario) “son insuficientes”, como consecuencia del “largo procedimiento” que puede prolongarse 18 meses. “Esto deja sin efecto un tutela judicial rápida y segura”, ha sostenido.
Por todo ello, en su iniciativa, además de solicitar esas modificaciones legistativos, instan al Gobierno de Cantabria a que siga mostrando su preocupación por “este problema” y a que “continue apoyando a los afectados” mediante asesoramiento y búsqueda de soluciones.
