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El PRC reclama en el Congreso que el criterio del Supremo se recoja en la Ley de Costas “para dotar de seguridad” a los afectados “por la caducidad o no renovación” de sus concesiones

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Hernando subraya que el Alto tribunal ha “confirmado que las prórrogas son legales y posibles”.

El Partido Regionalista de Cantabria ha reclamado hoy en el Congreso de los Diputados que el criterio del Tribunal Supremo sobre la concesión de prórrogas a las actividades existentes en zonas de dominio marítimo-terrestre se recoja en la Ley de Costas mediante la modificación de los artículos 32 y 66, con el objeto de “dotar de seguridad jurídica” a los afectados “por la caducidad o no renovación” de sus concesiones. 

Así lo ha solicitado el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, durante su intervención esta tarde en la Cámara baja para defender la toma en consideración de la Proposición de ley del Parlamento de Cantabria, con modificación de la ley 22/1988, de Costas. 

Hernando ha subrayado que el Alto tribunal, en su sentencia 4.902/2021, “confirmó que las prórrogas son legales y posibles”. Una sentencia dictada a los pocos días de que el Parlamento cántabro aprobara la proposición de ley. 

“Lo que hoy les pedimos es que transformen el criterio del Supremo en ley y doten de seguridad jurídica a los centenares de afectados por la caducidad o no renovación de sus concesiones”, ha incidido. 

Por ello, ha solicitado el apoyo de los grupos del Congreso a esta modificación porque “no se pretende que se den nuevas concesiones, ni que se altere más el espacio concesionado”, sino que lo que se busca es adecuar jurídicamente “la interpretación original” de la Ley “que se ha ido desvirtuando” mediante “una aplicación excesivamente estricta”. 

Al hilo, el portavoz regionalista ha apuntado que el desarrollo sostenible “se alimenta en la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental”. 

En su opinión, en la actualidad, “posturas demagógicas” sobre medioambiente están “primando lo ambiental por encima de todo lo demás”. “Ni es positivo ni responde a las necesidades de la mayoría de la sociedad”, ha dicho. 

Como ejemplo, ha apuntado la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) “sin motivación ambiental alguna”. “No se puede pretender defender el medio ambiente, la agricultura extensiva, el medio rural y la lucha contra la despoblación, eliminando la convivencia del lobo y hombre en esas zonas, prohibiendo el control poblacional de la especie y dejando que el ganadero desaparezca de su espacio vital”, ha remachado. 

Por ello, ha abogado por una convivencia medioambiental. “Ese el futuro. Implicación en defensa del medioambiente y sosteniblidad para el desarrollo económico y social. En el interior y en el litoral”, ha afirmado. 

Así, ha citado actividades, como la industria conservera o lo agropecuario, que se ven actualmente afectados “por la interpretación rigorista” de la Ley, dejando claro que “no se pretende privatizar lo público”, que para los regionalistas es “una premisa fundamental”, “sino ordenarlo adecuadamente, respetando los derechos adquiridos, porque tampoco se deben vulverar los derechos de los particulares”. 

“Piensen en las empresas, en los trabajadores, en los ganaderos, en los productores alimentarios que tienen derechos adquiridos en los espacios afectados  por el dominio público terreste y muestresen a favor de modificar los artículos 32 y 66 de la Ley para evitar la extinción de sus concesiones”, ha concluido. 

Encaja en la sosteniblidad ambiental 

Por su parte, el diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha pedido el apoyo del Congreso a esta modificación porque “es sencilla” y  “solo” se refiere a concesiones en vigor antes de la Ley, “por lo que lo único que hace falta es sentido común”, ha dicho. 

En este sentido, ha citado el concepto de sostenibilidad que garantiza las necesidades de desarrollo del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. “La modificación que propone esta ley puede encajar perfectamente en esta definición”, ha concluido. 

La votación de la toma en consideración de la proposición de ley tendrá lugar el próximo jueves en el Congreso.