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En concreto, la propuesta recoge peticiones como que el ocupante ilegal de un inmueble no goce de la protección de morada o domicilio, que el desalojo pueda producirse en un máximo de 12 horas y que la autoridad pública y sus agentes procedan al lanzamiento inmediato si no se produce el desalojo voluntario.
Asimismo, insta al Gobierno regional a modificar la Ley 5/2014 de Vivienda Protegida de Cantabria con el fin de incorporar una cláusula que marque que “no podrán ser propietarios ni usuarios de las viviendas reguladas en esta ley las personas físicas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionadas mediante resolución administrativa firme si han cometido delito de violencia para dicho allanamiento”.
El PSOE ha considerado que estas medidas “no tienen encaje legal” y aunque reconoce que “el problema existe”, cree que “hay formas de hacer política que no sirven para mejorar la forma de vida de los ciudadanos”, sino para sacar “rédito político”. Así lo ha dicho la socialista Carmen Algorri, defendiendo que “vivimos en uno de los países y en una de las regiones más seguros del mundo”.
Todos los grupos -PRC, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox- han apuntado que los okupas pertenecen en algunos casos a “mafias” que exigen dinero a los propietarios para abandonar la vivienda y, en ese caso, Algorri ha reconocido que “se pueden seguir mejorando los protocolos luchando” contra ellas, pero también ha considerado que hay que tener en cuenta que en algunos casos se trata de personas con problemas sociales y que, por tanto, la PNL “estigmatiza a familias sin acceso a la vivienda”.
Un argumento que ha rebatido su propio socio de Gobierno, ya que desde el PRC la diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha apuntado que, por la experiencia de su municipio, “quienes ocupan las viviendas no son esas familias, que acuden a la Administración y piden ayuda”, sino que “son personas que no respetan las normas de convivencia y hacen que propietarios legítimos se tengan que ir”.
Por ello, tanto la regionalista como el defensor de la PNL, el ‘popular’ Íñigo Fernández, han pedido “no confundir” y “no hablar de familias en riesgo de exclusión”, además de que han coincidido en que el derecho a la propiedad es “perfectamente compatible” con el derecho a la vivienda, y que para preservar este último “están los servicios sociales”.
Además, el PP ha tachado de “espeluznante” que las administraciones “no sean capaces” de dar respuesta al problema, por lo que con la iniciativa pretende “ser más precisos” en la ley para definir cómo actuar y dar “garantía” a las fuerzas de seguridad.
Al hilo, ha preguntado a la diputado socialista “¿en qué mundo vive?” para decir que “solo hay 22 okupaciones”. “Si fuera su casa no estaría tan tarnquila”, ha sentenciado.
La propuesta se ha aprobado tras incluir una enmienda de Cs únicamente para “matizar” la cláusula que se pide incluir en la Ley Ley de Vivienda Protegida de Cantabria, ya que desde el partido Diego Marañón ha criticado que el Gobierno central “no ve urgente” modificar la legislación, “pero si una Ley de Vivienda que te diga lo que puedes hacer con tu casa, salvo que te la okupen, porque en ese caso ya puedes esperar sentado”.
Por último, desde Vox Cristóbal Palacio ha opinado que “no es necesario” cambiar la legislación, sino “la concepción que tenemos de ese delito” para actuar de otro modo, aunque el partido ha apoyado la PNL y lo hará con “cualquier modificación que ayude”.
PREVENCIÓN DE LA CEGUERA
Más consenso ha habido en el siguiente punto del Pleno, que ha consistido en la aprobación por unanimidad de una iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios para elaborar una Estrategia Regional de Prevención de la Ceguera Evitable.
Esta deberá incluir medidas para facilitar las revisiones oftalmológicas y los programas de cribado y diagnóstico precoz depatologías que puedan derivar en ceguera, prestando especial atención a las personas que habitan en zonas rurales y poco pobladas; implantar un protocolo autonómico de un proceso asistencial integrado que fortalezca la cooperación y lacomunicación entre los distintos profesionales y ámbitos de asistencia sanitarios; desarrollar un programa específico de políticas sociosanitarias para los pacientes con baja visión y ceguera; y promover campañas informativas y de concienciación recurrentes.
Asimismo, la iniciativa recoge dotar presupuestariamente a la Consejería de Sanidad de los recursos necesarios para la puesta en marcha de esas medidas e instar al Gobierno del Estado a elaborar una Estrategia de Prevención de la Ceguera Evitable en el que se incluya el refuerzo de la atención primaria y la creación de unidades de baja visión; programas de prevención, cribado y diagnóstico precoz; y una mayor atención domiciliaria y psicológica para los pacientes con baja visión, con especial énfasis en lapoblación mayor de 50 años.
