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Recuperar la memoria y la dignidad de aquellos a los que se les fue arrebatada. Desenterrar un cuerpo del lugar del que nunca debió ser enterrado. Es el reto al que se enfrenta el antropólogo forense Paco Etxeberría, que dirigirá la operación para exhumar 60 cuerpos del Valle de los Caídos por petición de sus familiares.
“No hay una intervención forense con restos humanos tan complicada como la que se avecina”, asegura el forense, que participó la semana pasada como ponente en el seminario de la UIMP Las políticas públicas de memoria democrática. El Valle de los Caídos es la mayor fosa común de España, con más de 30.000 cuerpos enterrados, lo que hace que los equipos forenses se vayan a enfrentar a un “reto sin precedentes”. “Si vamos a encontrar, no lo sé, pero vamos a buscarlos”, afirma Etxeberría.
El antropólogo se muestra optimista pero cauteloso. “Tenemos la metodología, el equipamiento humano y los medios técnicos para afrontar la tarea”, asegura.
Etxeberría lleva más de 20 años colaborando con asociaciones y practicando exhumaciones para devolver los restos a los familiares, un tiempo en el que han recuperado 10.000 esqueletos de 900 fosas comunes.
Del peritaje del caso Lasa y Zabala a las autopsias del cantautor Víctor Jara y Salvador Allende, Etxeberría ha dedicado su carrera a resarcir los derechos de las víctimas de la violencia en todo el mundo, algo que considera “un deber”. “Las víctimas tienen derechos y los demás tenemos el deber de atenderlos”, explica.
La última oportunidad para cerrar heridas
La reasignación del significado del Valle de los Caídos es una de las piedras angulares de la nueva ley de memoria democrática, una normativa que es, de acuerdo con Etxeberría “la última oportunidad” para que se reconozcan los derechos de “las víctimas de la represión franquista”.
“Aquella generación de protagonistas está desapareciendo”, afirma Etxeberría. “Yo he llegado a conocer a una viuda en una exhumación a la que se le reconoció, 70 años después, que su marido fue asesinado”, recuerda el forense.
El antropólogo destaca que, tras años de lucha por parte de las asociaciones, ahora se ve “voluntad política” para afrontar la última acometida de exhumaciones. Una voluntad que en su opinión “comparten todos los partidos”, a pesar de las oposiciones públicas. “He hecho exhumaciones a petición de alcaldes o concejales de derechas que nos han ayudado mucho”, afirma.
De este modo, el experto opina que las exhumaciones en sí no plantean ningún problema, ya que existe un consenso a nivel local para realizarlas. “El problema lo tiene el que en este país piensa que reabrir fosas en una cuneta es reabrir heridas”, apunta. “Llevamos veinte años abriendo fosas y en esos pueblos ha habido una reconciliación”, añade.
“En el global de la ley, votarán en contra, pero en el caso específico de las exhumaciones todos creen que hay que atenderlas”, afirma. “Las unidades didácticas, exposiciones y memoria no les hace tanta gracia”, añade Etxeberría.
Más cerca de Lorca
Etxeberría apunta a la creación de la figura de un fiscal especial para ordenar exhumaciones, que también, según destaca, “hará oficiales los datos de muertes y desaparecidos, que son conocidos, pero no constan en ningún registro oficial”.
Esta figura podría ser clave en la búsqueda del poeta Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil. Según explica el forense, en el momento que una autoridad refleje en un informe lo que ocurrió alrededor de su asesinato, se convertirá en un dato oficial, pero hasta ahora no ha habido un liderazgo institucional apra reconocerlo.
“Todos sabemos qué le ocurrió a Lorca y por qué, cuáles eran sus sueños, pero no consta en ninguna parte”, señala el forense. De este modo, en opinión del forense, esta Fiscalía especial podría impulsar esta búsqueda y agilizarla, ya que en la actualidad plantea muchos problemas, al tratarse desde el punto de vista penal.
