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El consejero ha expuesto en el Foro Ser Cantabria los detalles de la norma que el pleno del Parlamento de Cantabria aprobará esta tarde
La agilización de la tramitación de los Planes Generales y la fijación de población en los municipios en riesgo de despoblamiento, principales objetivos de la norma
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha detallado hoy en el Foro Ser Cantabria las novedades del proyecto de Ley del Suelo, “una buena Ley que da un buen futuro para Cantabria”, que previsiblemente el Parlamento de Cantabria aprobará esta tarde tras su debate y votación por los grupos parlamentarios.
Las novedades expuestas –ha dicho el consejero- permiten un “desarrollo sostenible de nuestro territorio, generando oportunidades de futuro para la actividad económica de Cantabria” en ámbitos como la construcción y, muy especialmente, en el de la rehabilitación, en favorecer el autoconsumo y eficiencia energética, en dotar de suelos industriales, en agilizar los permisos del ciudadano, empresario o ganadero con la administración.
En un Foro Ser Cantabria monográfico, Gochicoa ha explicado que la Ley se actualiza conforme a las nuevas normativas europeas y nacionales con el desarrollo sostenible como “objetivo final de la misma” al tiempo que simplifica y agiliza la redacción y tramitación de los planeamientos generales, reduciendo a 4-5 años lo que en la actualidad se alarga a 10 o 15, sobre todo los de los pequeños municipios, manteniendo la necesaria seguridad jurídica.
Esta reducción de plazos en la tramitación de planes generales ha sido, según el consejero, uno de los “máximos objetivos” en la tramitación de la Ley y, para ello, se plantean varias medidas que tienen que ver con la colaboración entre el Gobierno y los ayuntamientos; la información inicial a los ayuntamientos por la CROTU sobre la legalidad de su modelo; el apoyo en la tramitación de informes sectoriales; la simplificación de informaciones públicas o la eliminación de reservas de espacios libres y equipamientos en los pueblos o pequeños municipios.
La nueva Ley del Suelo fomenta el desarrollo y la renovación y regeneración urbana del interior de ciudades y pueblos. Para ello establece múltiples herramientas para facilitar el desarrollo de los cascos urbanos y regenerar y rehabilitar los centros históricos y sus edificios.
En este sentido, mediante los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) se puede modificar la ordenación del plan a lo realmente necesario para desarrollar actuaciones totales o parciales para renovar una zona o barrio. Igualmente, el ayuntamiento podrá aprobar programas específicos de edificación y rehabilitación forzosa y celebrar convenios con la Comunidad y el Estado.
Además, se dan herramientas a los ayuntamientos para la rehabilitación de edificios por si mismos o mediante los agentes rehabilitadores, así como la incorporación de edificios en ruina o riesgo de colapso en el Registro Municipal para poder intervenir.
También facilita y mejora la regulación de los propios desarrollos de suelos urbanos, muchos de ellos paralizados por sus dificultades de gestión con herramientas de gestión más simples en pequeños municipios, pensando más en mantener el carácter tradicional de los pueblos y con procedimientos conjuntos de unión de varios trámites en uno, agilizando así de forma notable la tramitación.
La Ley, además, agiliza y establece medidas para poder acometer actuaciones de mejora de eficiencia energética y de instalaciones de autoconsumo, sin tener que modificar los planeamientos, permitiendo así acceder a propietarios y comunidades a las ayudas europeas existentes.
Igualmente, facilita que los ayuntamientos puedan generar ordenanzas que regulen medidas para mejorar la accesibilidad y la ejecución de ascensores en espacios comunes o vía pública, siempre que no interrumpan un itinerario peatonal.
José Luis Gochicoa ha apuntado que la nueva Ley mejora la figura de los Planes Singulares de Interés Regional con mayor rigurosidad y estudio de alternativas para declarar de Interés Regional una actuación, para evitar “actuaciones especulativas” y luego mayor agilidad para aprobar o modificar posteriormente el proyecto.
También se mejora sustancialmente la relación del ciudadano y del empresario con la Administración, incorporando la declaración responsable y comunicación, para obras de escasa entidad técnica e incluso para acceder a la primera ocupación del edificio, siempre que cuente con garantías técnicas.
Fijar población en el mundo rural
El consejero ha explicado cómo la nueva norma permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico “de forma ordenada y favoreciendo a los municipios con riesgo de despoblamiento” con la pretensión fundamental de “posibilitar que la gente del mundo rural se quede en sus municipios”.
José Luis Gochicoa ha señalado que, si bien la Ley va “mucho más allá” de lo que afecta a este ámbito, ha querido profundizar en ello, dado que es el que más debate ha suscitado.
En este sentido, las viviendas vinculadas a explotaciones ganaderas no plantean más problemas, con independencia del municipio en el que se encuentren y siempre que esos terrenos no tengan algún especial valor ecológico.
En lo que respecta viviendas que no tienen que ver con explotaciones ganaderas, aunque dependerán de los casos concretos, se dan criterios generales que tienen que ver con la delimitación de Área de Desarrollo Rural alrededor de los núcleos como un instrumento que posibilita la ordenación y el desarrollo rural con viviendas o instalaciones de actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo en el ámbito rural que esté necesitado de este tipo de medidas para poder sobrevivir como núcleo y fijar población.
De esta forma, se prima la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en los municipios en riesgo de despoblamiento, respecto a la situación actual, siendo “especialmente respetuoso con el medio” mediante ciertas limitaciones. Además, en municipios menores de 5.000 habitantes o incluso en núcleos pequeños en municipios de menos de 10.000, los ayuntamientos podrán delimitar esas Áreas de Desarrollo Rural.
Este aspecto se limita en los grandes municipios costeros de Cantabria, en los que los crecimientos tienen que ser mediante suelos urbanizables, que permiten un desarrollo más acorde a su dinamismo.
En cualquier caso, allí donde se posibilite, la Ley obliga a que se sea más exigente con mantener la morfología, tipología y materiales del entorno, así como con limitar los impactos al paisaje y la hidrografía y se impone que las viviendas sean casi autosuficientes energéticamente.
Esta ley favorece la vivienda aislada en municipios en riesgo de despoblamiento, con menores dimensiones de la parcela necesaria, 100 metros, y con ciertas ventajas si además es alguien domiciliado en ese municipio y que se mantenga en el mismo al menos durante 4 años, siempre con la idea de intentar primar la lucha contra la despoblación frente a la inversión especulativa.
Aun así, tal y como ha matizado el consejero, se mantiene la Disposición Transitoria actual durante 2 años para dar tiempo a establecer esas Áreas de Desarrollo Rural y además todos aquellos que hayan comenzado su tramitación antes de esta ley, podrán seguir por la ley anterior.
En el acto han estado presentes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, varios consejeros del Gobierno, diputados, alcaldes, representantes de empresas, agentes económicos y sociales, decanos de colegios profesionales, etc.
