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La directora general de Igualdad y Mujer ha participado en la Conferencia Sectorial de Igualdad
Cantabria recibirá este año 1.885.170 euros para programas de lucha contra la violencia de género y atención a las víctimas, según se ha acordado hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha contado con la participación de la directora general de Igualdad y Mujer del Ejecutivo cántabro, Alicia Renedo. De esa cantidad, más de 1,5 millones de euros se destinarán a poner en marcha las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Además, el Estado y las CCAA han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia. En este sentido, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio nacional.
En concreto, Cantabria recibirá 1.543.674 euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una cantidad similar a la de 2018 y que posibilitó la puesta en marcha de 31 proyectos nuevos, entre ellos, la apertura de oficinas de información y atención a la mujer en municipios de más de 10.000 habitantes y mancomunidades, el refuerzo de la atención especializada a víctimas en zonas rurales y la implantación del servicio de intervención terapéutica y rehabilitadora para víctimas menores de edad con daño emocional grave.
La directora general de Igualdad y Mujer ha explicado que Cantabria va a destinar los fondos de este año para la apertura de dos nuevos centros integrales, uno en Torrelavega y otro en Laredo; la puesta en marcha de una segunda casa de acogida, y para formalizar la contratación de dos nuevos profesionales en los equipos psicosociales que atienden a las víctimas en los juzgados.
Además, el Ejecutivo regional con cargo a los fondos del Pacto de Estado va a reforzar el número de profesionales del sistema de asistencia y acogimiento a víctimas, y va a llevar a cabo programas de formación en a todos los agentes implicados en la materia, comenzando esta formación en el ámbito judicial.
Por otra parte, Cantabria va a recibir 341.496 euros para el desarrollo de programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género (189.825 euros), para la implementación de planes personalizados de atención y el desarrollo de actuaciones en relación con otras formas de violencia contra las mujeres (63.051 euros), y para programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales (88.618 euros).
Además, han acordado que, dentro de los programas de asistencia social a víctimas, se incluya una línea concreta de atención especializada a menores víctimas de violencia de género para cumplir el objetivo de garantizar el derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos.
Acreditar la condición de víctima sin denuncia previa
En la reunión de esta mañana, además, las Comunidades Autónomas y el Estado han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima de violencia de género para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia, y se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio nacional.
El objetivo de esta medida es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso, teniendo en cuenta además el bajo porcentaje de víctimas que deciden dan el paso de presentar denuncia o acudir a los tribunales.
Tal y como establece el Real Decreto-ley 9/2018 de 3 de agosto, los informes de los servicios sociales, los servicios especializados o los servicios de acogida destinados a las víctimas de violencia de género serán válidos para acreditar la condición de víctima de violencia machista de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones sociolaborales previstos en la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género.
En Cantabria, se encargarán de esta acreditación la Dirección General de Igualdad y Mujer, los equipos multidisciplinares de los centros especializados, y los servicios sociales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma.
Para Alicia Renedo este acuerdo tiene una gran importancia, ya que garantiza que una mujer que ha sufrido violencia machista tenga reconocida esa condición en cualquier territorio de España, frente a la multiplicidad de criterios que había antes, y sin condicionarlo a una denuncia que solo un bajo porcentaje de víctimas se deciden a interponer.
