33990 visitas
Santander- 19.11.2020
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria inyectará 20,8 millones de euros a los ayuntamientos de Cantabria, la mayor cantidad en la última década; dispondrá por primera vez de una partida específica para luchar contra el despoblamiento del mundo rural (470.000 euros) e iniciará un proyecto en municipios en situación de riesgo severo para incrementar sus servicios bancarios.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Presidencia, Paula Fernández Viaña, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para informar del presupuesto de su departamento para 2020, que asciende a 124,3 millones, crece un 4,4 por ciento y se caracteriza por ser “expansivo” para atender las necesidades de los servicios públicos que conlleva la situación de pandemia, pero “sin renunciar a los objetivos de legislatura”: refuerzo de la seguridad, más recursos para la justicia cántabra y “blindar” los servicios públicos esenciales.
De cualquier forma, ha trasladado a los grupos parlamentarios su compromiso de estudiar todas las enmiendas que se presenten e incorporar aquellas que mejoren el texto. “Esto, al final, tiene que ser un trabajo de todos”, ha remarcado.
Entre los principales asuntos que ha abordado, Fernández Viaña ha defendido en sede parlamentaria el refuerzo en 2021 de las acciones del Gobierno de Cantabria “como diputación provincial”, en apoyo a los municipios, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes, y las entidades locales menores (juntas vecinales y concejos).
Algo que se llevará a cabo, según ha dicho, con el incremento de las partidas destinadas a los consistorios (como las ayudas a playas o los equipos para los voluntarios), la puesta en marcha de nuevas inversiones (instalación de hidrantes, vehículos de policía local, etc.) y con más personal autonómico para apoyar de forma “directa” la prestación de los servicios públicos que son de competencia municipal.
También ha puesto sobre la mesa los avances y acciones realizadas en la lucha contra el despoblamiento rural a nivel a nivel nacional y europeo, pero también en todas las consejerías del Gobierno de Cantabria, como eje transversal de acción del Ejecutivo, y dentro del Consejo Asesor que coordina todas las acciones.
Como novedad, se dispondrá de una partida de 470.000 euros, encaminada a establecer medidas de discriminación positiva en los 39 municipios de acción preferente definidos en el Consejo Asesor del Despoblamiento, y se desarrollará un proyecto piloto contra la exclusión bancaria de nuestros pueblos.
También se mejorará la asistencia a las juntas vecinales. A las ayudas para asegurar su funcionamiento, que superan los 200.000 euros, se dispondrá de un nuevo equipo de funcionarios para apoyar a estas organizaciones locales más cercanas a los vecinos en los trámites legales y servicios que prestan.
Seguridad y emergencias
Al servicio autonómico del helicóptero del Gobierno de Cantabria se destinan 3 millones de euros, y este año se ampliará el equipo con una segunda aeronave, que entrará en funcionamiento en diciembre para reforzar la extinción de incendios y las emergencias por inundaciones.
El presupuesto del organismo autonómico del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) crece 1,5 millones, con el objetivo de incrementar la plantilla de bomberos. Las inversiones alcanzarán los 800.000 euros para la compra de nuevos vehículos y equipos.
Habrá dos líneas de ayudas importantes para la seguridad ciudadana: la primera, destinada a la implantación de hidrantes, dotada con 100.000 euros, y, una segunda, para la renovación de vehículos de Policía Local con 150.000 euros.
También se incrementa la partida para la adquisición de vehículos para uso de protección civil, hasta los 170.000 euros, y las ayudas para la compra de equipamientos para los voluntarios, 185.000 euros en total.
Igualmente, se renovarán los convenios con los parques de bomberos municipales (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo), que suponen una ayuda total para su funcionamiento de más de 1,7 millones de euros.
El presupuesto más alto para la justicia cántabra
La consejera ha destacado que Cantabria dispondrá de un presupuesto histórico para mejorar el servicio de la justicia y, entre otras acciones, ha anunciado que toda la plantilla del nuevo equipo psicosocial para los partidos judiciales de Torrelavega, Reinosa y San Vicente será una realidad antes de fin de año, un nuevo servicio que posibilitará agilizar los informes y resoluciones judiciales.
En materia de obras en las sedes judiciales, ha avanzado la próxima adjudicación de la reforma del convento de Las Clarisas y otras mejoras en las infraestructuras, una vez ejecutado en gran parte el Plan de reordenación de sedes en Santander, que incluye una nueva sede del Instituto de Medicina Legal (IML).
Respecto a esta sede, Fernández Viaña ha comunicado que se procederá a contratar la redacción del proyecto, permitiendo unificar sus dependencias centrales en el Hospital Valdecilla, sin perjuicio de preservar los espacios que su actividad de apoyo judicial exige en cada partido judicial. Esto permitirá habilitar unos 350 metros cuadrados en la zona nueva de las Salesas para ubicar servicios y nuevas unidades judiciales que se puedan crear, como es el caso de la ampliación de la Oficina de Atención a las Víctimas.
La consejera ha asegurado que habrá más fondos para la teletramitación judicial y la modernización de la justicia. En concreto, se prevé un incremento cercano a los 80.000 euros hasta los 320.000 euros en el contrato del nuevo Centro de Atención al Usuario, “reforzándolo y dotándolo de más personal, apostando por esa modernización de la Justicia, el sistema Vereda y el resto de aplicaciones y servicios”.
Como principal avance, ha destacado que se logrará completar el expediente judicial electrónico, mediante la incorporación de las grabaciones de las vistas judiciales y las imágenes, lo que permitirá poder acceder a estos registros sin tener que acudir a los juzgados. “Todo a golpe de clic”, ha remachado, cerrando con ello diez años de trabajos en la Administración de Justicia.
Sobre la Oficina Fiscal y Judicial, ha señalado que el Gobierno regional ya cuenta con ambos decretos redactados, con el objetivo de desarrollar las memorias que los acompañan y especificar los puestos de trabajo de manera precisa.
Además de las ayudas destinadas a los juzgados de paz, que alcanzan los 140.000 euros, Fernández ha apuntado el Gobierno estará preparado para adoptar las medidas que la reforma de la Ley de Registro Civil lleve consigo y ha recordado “la apuesta de este Gobierno por preservar el servicio público próximo al ciudadano”.
Mayor transparencia y mejores servicios
La consejera de Presidencia ha abordado en su intervención la aprobación hoy del decreto de Transparencia, regulador de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública, el régimen de reclamaciones y el sancionador, y que supondrá la actualización del Portal de Transparencia. También ha apuntado la próxima tramitación del decreto de creación y funcionamiento del buzón de denuncias contra la corrupción.
Por último, ha informado de una nueva legislación autonómica para regular la formación de los empleados públicos y la puesta en marcha de una plataforma de teleformación para los cursos propios del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).
Fuente: www.cantabria.es
