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La duración media de los asuntos en los juzgados de Cantabria se mantiene por debajo de la media del país

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  • En primera instancia, son 5,3 meses de espera para obtener una resolución final, mientras que en segunda instancia la duración media es de 4,6 meses
  • En 2021, cada juez o jueza en Cantabria dictó una media de 322,1 sentencias, de las que el 16,4 por ciento se recurrieron

Santander, 24 de marzo de 2022.-

La duración media de los asuntos en los órganos judiciales de Cantabria se mantiene por debajo de los tiempos que se registran en el conjunto del país.

Los juzgados cántabros tienen un tiempo medio de respuesta de 5,3 meses en primera instancia, mientras que en los tribunales de segunda instancia la duración media es de 4,6 meses.

A nivel nacional, los tiempos son algo mayores: 6,4 meses en primera instancia y 4,8 meses en segunda.

Por otro lado, a lo largo del pasado año los miembros de la carrera judicial en Cantabria dictaron una media de 322,1 sentencias, doce asuntos más que a nivel nacional.

Estas 322,1 resoluciones por juez o jueza suponen un incremento del 27,8 por ciento respecto a las dictadas en 2020 (252,1) y supera a las sentencias que pusieron en 2019, cuando la media fue de 308,5.

A nivel nacional, cada miembro de la carrera judicial dictó de media en 2021 un total de 310,2 sentencias, un 29,3 por ciento más que un año antes, cuando la cifra se situó en 239,9, y una cifra también superior a la de 2019, cuando fueron 294,3 las sentencias que dictó de media cada juez o jueza.

Estos datos se desprenden del informe Indicadores Clave, que periódicamente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que analiza distintos parámetros que permiten advertir la calidad de la justicia impartida en cada territorio, en este caso, con datos del año 2021.

Un millar de asuntos ingresados por juez

A lo largo del pasado año, cada juez o jueza en Cantabria ingresó una media de 1.004,7 asuntos, lejos de los 894,4 asuntos de 2020 –año marcado por la crisis sanitaria- y una cifra cercana a los 1.029,2 asuntos que ingresaron de media en 2019.

A nivel nacional, cada juez ingresó unos 1.166,6 asuntos en 2021, 1.033,2 en 2020 y 1.178,5 en 2019.

Estos datos ponen de manifiesto que tanto en Cantabria como en el resto del país se observa una recuperación de la actividad judicial, que se acerca a la registrada el año anterior a la pandemia.

Por otro lado, la tasa de litigiosidad, la que indica el número de asuntos por cada mil habitantes, también recupera los niveles de 2019.

Durante 2021 se registraron 132,4 asuntos por cada mil habitantes, un 12,1 por ciento más que en un año antes (118,1 asuntos) y solo dos asuntos menos que en 2019 (134,6).

La tasa de litigiosidad en Cantabria a lo largo de estos tres años ha ido de la mano de la registrada por el conjunto de las comunidades autónomas.

Así, en 2021 la tasa nacional fue de 132,3 asuntos por cada mil habitantes (prácticamente la misma que en nuestra región), en 2020 se redujo a 116,5 (dos asuntos menos que en Cantabria) y en 2019 se situó en 133,5 (un asunto menos).

Sentencias recurridas y recursos que confirman sentencia

Otros de los parámetros que analiza el informe para valorar la calidad de la justicia son: el porcentaje de sentencias recurridas y el porcentaje de recursos devueltos confirmando totalmente la resolución que había sido recurrida previamente.

En 2021 se recurrieron en Cantabria el 16,4 por ciento de las sentencias dictadas, un porcentaje menor que en 2020, cuando las resoluciones recurridas fueron el 18,5 por ciento.

A nivel nacional, el porcentaje de sentencias que fueron sometidas a una segunda instancia en 2021 fue inferior: un 15,6 por ciento del total de las sentencias dictadas.

Por otro lado, en Cantabria un 74,3 por ciento de los recursos de apelación fueron resueltos confirmando totalmente la sentencia de la instancia, y un 85,6 por ciento de los recursos de casación sobre sentencias dictadas en la región fueron confirmatorios.

Estos porcentajes se sitúan a nivel nacional en un 70,8 por ciento en los recursos de apelación y en un 89,1 por ciento en los de casación.