La II Estrategia de Transversalidad de Género entrará en vigor mañana

La II Estrategia de Transversalidad de Género para el periodo 2019-2022 entrará en vigor mañana, con el objetivo de avanzar en la igualdad real en el ámbito administrativo y en las políticas públicas que ponen en marcha las diferentes consejerías.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que “este documento no representa solo un catálogo de buenas prácticas, sino que es una responsabilidad para lograr una sociedad más desarrollada social y económicamente, además de más solidaria, justa y democrática”.

Contemplada en la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y teniendo como antecedente la Estrategia de Mainstreaming 2007-2015, la nueva Estrategia supone que cada consejería del Gobierno asuma unos procedimientos de trabajo que “profundicen y mejoren la eficacia de las acciones que se ponen en marcha para fomentar la igualdad, bajo la coordinación e impulso de la Comisión de Igualdad de Género”.

“Se trata de mejorar el desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas por los actores involucrados en la adopción de medidas políticas”, ha señalado la consejera.

Bajo el objetivo general de avanzar en la consecución de una igualdad en el ámbito administrativo y social, el documento recoge otros 10 objetivos específicos, con los que mejorar la integración de la perspectiva de género tanto en la gestión como en las políticas públicas de cada consejería.

Entre los objetivos concretos, la estrategia propone la redistribución de las cargas de trabajo de las consejerías, la adopción de compromisos y procedimientos de trabajo comunes en todas las consejerías, la estructuración de las políticas públicas de fomento de la igualdad y la capacitación del personal de la administración para cumplir con sus responsabilidades legales en materia de igualdad.

Además, aboga por avanzar en la erradicación de la división sexual del trabajo, dotarse de presupuestos con perspectiva de género a través de la Comisión de Integración de la Perspectiva de Género en los Presupuestos, dinamizar la Comisión de Igualdad como órgano de coordinación entre las Consejerías, y posicionar a la Dirección General de Igualdad y Mujer como responsable de prestar apoyo técnico para el desarrollo de la estrategia.

Aumentar la participación de mujeres a nivel político, social, cultural y artístico, así como avanzar en la erradicación de la violencia de género son los otros dos objetivos específicos que define este documento.

Medidas a nivel interno y políticas públicas de igualdad

La estrategia propone, entre las medidas de igualdad a nivel interno, la implantación de planes de igualdad en los organismos autónomos y la designación de un agente de igualdad en cada consejería que se encargará de labores de información, detección de desigualdades, y puesta en marcha de medidas incluidas en la estrategia, entre otras funciones.

Además, plantea la negociación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en todas las consejerías, y dar impulso a las comisiones de igualdad y de integración de la perspectiva de género en los presupuestos.

De cara al futuro, la II Estrategia de Transversalidad hace una propuesta de actuaciones o ámbitos en los que reforzar las políticas de igualdad. Entre ellas, plantea, a modo de ejemplo, la prohibición de concurrir en convocatorias públicas cuando las organizaciones tengan un sistema de acceso al empleo contrario a la igualdad de oportunidades; apoyar en la creación de bancos de tiempo o en la consolidación de los ya existentes, y dar una atención sanitaria específica a las mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género.

Diagnóstico

La estrategia realiza un diagnóstico de la situación de la Administración Autonómica, en la que el 73% de los empleados son mujeres (14.799 frente a 5.497), con prevalencia en todos los sectores, especialmente en el ámbito sanitario.

Sin embargo, en los cargos de representación política (consejeros/as, direcciones generales, secretarias generales, direcciones de Gabinete y responsables de organismos autónomos) existe una fuerte masculinización, y de los 16 cargos políticos de responsabilidad, 12 son ocupados por hombres, es decir, el 75%.

Además, en 2018 en el Parlamento de Cantabria había 14 diputadas frente a 21 parlamentarios.

La brecha de género es especialmente significativa en las entidades locales, 12 de ellas dirigidas por alcaldesas frente a 90 alcaldes, según datos de 2016. Solo en 7 de los 102 ayuntamientos hay más concejalas que concejales.

La Estrategia también presenta la situación laboral y social de las mujeres en Cantabria, con una tasa de desempleo femenino en 2018 del 10,29% frente a una tasa masculina de 7,89%. Por edades, entre los 20 y 24 años el porcentaje de mujeres que trabajan está dos puntos por encima del de hombres, sin embargo, entre los 25 y 54 años, el diferencial es de 11 puntos por encima la población ocupada masculina.

La industria es el sector con una mayor brecha de género (90,32% empleados son hombres), y el salario medio de las personas con contrato indefinido fue de 18.720 euros en el caso de las mujeres y de 27.006 para los hombres, según datos de 2016.

Del total de las reducciones de jornada concedidas para cuidado de familiares, el 94,8% fueron solicitadas por mujeres, que dedican 4,29 horas al hogar y la familia, y 6,31 horas al trabajo remunerado, según datos de 2010. En el caso de los hombres, la distribución es de 2,27 horas dedicadas al hogar y la familia y 8,07 al trabajo remunerado.

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